Términos de servicio

Al crear una cuenta o al usar el Servicio aceptas quedar sujeto a estos Términos, a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y a nuestra Política de Cookies. Si no estás de acuerdo con alguna parte, no puedes usar el Servicio. Contratas el Servicio para el ejercicio de tu actividad profesional o la de tu despacho, no como consumidor final; por eso estos Términos son un contrato profesional entre empresas, sin perjuicio de los beneficios que concedemos voluntariamente en la Sección 3A y de las normas que no admiten pacto en contrario. Tu aceptación queda registrada con la versión de estos Términos que aceptaste, la fecha, la dirección IP y el agente de usuario desde los que la diste, en un registro inmutable que puedes consultar en 'Mi cuenta > Tu privacidad'. Esa constancia es un mensaje de datos con valor probatorio en los términos de la Ley 527 de 1999 de Colombia, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de Ecuador, del artículo 9 de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital de la República Dominicana —que les reconoce «la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada»— y del artículo 4 de la Ley N° 8454 de Costa Rica, que reconoce a los documentos electrónicos «fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos».

Cuando creas una cuenta debes darnos información precisa, completa y actual, y conservarla así. Eres responsable de la confidencialidad de tus credenciales y de todas las actividades que ocurran bajo tu cuenta y bajo las cuentas de los miembros que tu despacho invita. Debes avisarnos de inmediato de cualquier uso no autorizado. El incumplimiento de esta sección es una violación de los Términos y puede llevar a la suspensión o terminación de la cuenta conforme a la Sección 5.

El Servicio y su contenido original, características, funcionalidad, código fuente, diseño y logotipos son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Custodio Legal y sus licenciantes, protegidos por las leyes de propiedad intelectual y los tratados internacionales aplicables. Lo que tú creas con el Servicio —tus asuntos, tus documentos, tus notas y los borradores que generas— es tuyo, en los términos de la Sección 4.

Aunque contratas el Servicio para tu actividad profesional y no como consumidor final, te concedemos voluntariamente el derecho a deshacer la compra de una suscripción de pago que hayas adquirido de forma no presencial. Cuál es el plazo, qué norma de tu país reconoce ese derecho y qué da esa norma como mínimo lo declara el anexo de tu país, que en ningún caso te da menos de lo que la ley de tu país te reconoce: en Colombia, en Costa Rica y en la República Dominicana el plazo que concedemos es más amplio que el legal, y en Ecuador el que rige es el legal, que es el más largo de los cuatro.

Lo que vale igual en los cuatro países, y por eso está acá:

• Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el plazo a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'.
• Te devolvemos todo el dinero pagado, sin descuentos ni retenciones y por el mismo medio de pago, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a tu aviso.
• En Colombia y en la República Dominicana el derecho no aplica cuando la prestación del Servicio de pago ya comenzó con tu consentimiento previo y expreso: si activaste el plan y ya usaste funciones exclusivas de él —por ejemplo, la vigilancia judicial de más asuntos de los que admite el plan gratuito o las funciones de Inteligencia Artificial por encima del cupo gratuito—, entendemos que la prestación comenzó. Ésta es la excepción a la que remiten esos dos anexos, y es legítima porque en esos dos países el derecho te lo concedemos nosotros por encima del legal. En Ecuador no opera: ahí el derecho lo da el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que no la contempla y que, para los servicios, ordena precisamente cesar de inmediato el contrato — un derecho que da la ley no lo recortamos por contrato. El anexo ecuatoriano transcribe el artículo entero. En Costa Rica rige otra excepción, la del artículo 73 del Reglamento a la Ley N° 7472 (Decreto Ejecutivo N° 37899): estrenar el plan no te deja sin derecho, pero la devolución alcanza sólo la parte del Servicio que no se te hubiera prestado antes de tu aviso, y pagas lo proporcional a la que sí. El anexo costarricense la transcribe.

(a) Tu contenido. Conservas todos los derechos sobre el contenido que aportas al Servicio. Al aportarlo nos concedes una licencia limitada, no exclusiva y revocable para procesarlo y mostrarlo, y para conservar el texto extraído de él y su procedencia, en la medida necesaria para prestarte el Servicio. No conservamos el archivo original: se procesa de forma transitoria para extraer su contenido y luego se elimina, como dice la Sección 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales. Eres responsable de que tu contenido no infrinja derechos de terceros ni viole la ley aplicable.

(b) Roles. Sobre los datos personales de los usuarios de la plataforma —tú y los miembros de tu despacho— Custodio Legal es responsable del tratamiento, y ese tratamiento se rige por la Política de Tratamiento de Datos Personales. Sobre los datos personales de terceros que viven en los asuntos que gestionas —tus clientes, las contrapartes, los testigos, los interesados en un proceso— el Despacho es el responsable del tratamiento y Custodio Legal es el encargado, que los trata por cuenta tuya y bajo tus instrucciones. Este apartado es el contrato de transmisión que exigen el artículo 25 del Decreto 1377 de 2013 de Colombia (artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015), el artículo 47 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador y el artículo 30 del Reglamento a la Ley N° 8968 de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 37554-JP), conforme al cual el encargado «solo podrá intervenir en el tratamiento de las bases de datos personales, según lo establecido en el contrato celebrado con el responsable y sus indicaciones». La Ley núm. 172-13 de la República Dominicana define al encargado del tratamiento —quien trata los datos por cuenta del responsable, artículo 6, numeral 12— pero no exige un contrato entre ambos: en la República Dominicana este apartado rige por acuerdo entre tú y nosotros, y no porque una norma lo imponga.

(c) Objeto y alcance. El encargo cubre el almacenamiento, la extracción de texto, la búsqueda, el resumen, el análisis, la redacción asistida, la vigilancia judicial y las demás operaciones que el Servicio realiza sobre los datos de tus asuntos, con la única finalidad de prestarte el Servicio, y dura mientras dure este contrato.

(d) Instrucciones. Tratamos esos datos sólo según tus instrucciones, que son las funciones del Servicio que tú y los miembros de tu despacho ejecutan, y las que nos des por escrito a [email protected]. No los usamos para fines propios, no los cedemos a terceros para fines propios de ellos y no entrenamos modelos con ellos. Si una instrucción tuya nos parece contraria a la ley te lo decimos antes de ejecutarla.

(e) Garantía de autorización. Declaras que cuentas con la autorización de los titulares, o con otra base legal, para tratar los datos personales que aportas a tus asuntos —incluidos los datos sensibles y los de niñas, niños y adolescentes que un expediente pueda contener—, conforme a los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 1581 de 2012, al artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 y a los artículos 7 y 8 de la LOPDP. Un expediente judicial contiene esos datos por la naturaleza del proceso; es el Despacho, como responsable, quien debe haber obtenido la autorización que la ley exige, y quien responde ante los titulares y las autoridades por ella. Nosotros no te pedimos esos datos ni los recogemos por nuestra cuenta.

(f) Derechos de los titulares. Cuando un titular ejerza ante nosotros un derecho sobre datos que viven en un asunto tuyo, le informamos que el responsable es tu despacho, te trasladamos la solicitud dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y le damos tus datos de contacto. Tú respondes en los plazos de tu país; nosotros te damos las herramientas del Servicio para rectificar o suprimir lo que corresponda.

(g) Subencargados. Para prestar el Servicio usamos los siguientes proveedores, que tratan datos de tus asuntos por nuestra cuenta: Nebius B.V. (Países Bajos; generación de texto para las funciones de Inteligencia Artificial, con retención cero activada y con la declaración de nivel adecuado de la Unión Europea a favor de Israel para la inferencia que el proveedor ejecuta en ese país), Voyage AI (Estados Unidos; representaciones vectoriales del texto de tus documentos, con la opción de no entrenar activada), Railway (Estados Unidos; alojamiento de la aplicación, de la base de datos y de sus copias de seguridad), Resend (Estados Unidos; correo electrónico transaccional), Polar (Estados Unidos; pagos y facturación, que recibe tus datos de cuenta y no los de tus asuntos), Sentry (Estados Unidos; monitoreo técnico de errores, que recibe la ruta donde ocurrió el error y tu identificador interno de usuario; sin correo, sin nombre y sin dirección IP) y Cloudflare (Estados Unidos; red de entrega y protección del sitio público y del acceso a nuestra documentación interna). Cada uno de esos proveedores incorpora a sus términos un acuerdo de tratamiento de datos que aceptamos al contratarlo. Google no está en esta lista, y no por olvido: no trata datos de tus asuntos por nuestra cuenta ni bajo nuestras instrucciones, sino que actúa como responsable independiente en los dos usos que el producto le da —el inicio de sesión con tu cuenta de Google y la etiqueta de Ads del sitio público—, así que con él no tenemos un acuerdo de encargo. Lo explica, con la versión de cada instrumento que rige esa relación, la Sección 15 de la Política de Tratamiento de Datos Personales. La Política de Tratamiento de Datos Personales (Secciones 9, 10 y 14) dice, proveedor por proveedor, qué se le envía y bajo qué salvaguarda. Si cambiamos el proveedor de generación de texto o la jurisdicción a la que se transfieren los datos, subimos la versión de esa Política y te pedimos una autorización nueva antes de seguir; para cualquier otro subencargado nuevo te avisamos con treinta (30) días de anticipación y puedes terminar el contrato sin penalidad si no estás de acuerdo.

(h) Confidencialidad. Tratamos los datos de tus asuntos como información confidencial y amparada por el secreto profesional de tu despacho. Nuestro personal está sujeto a obligación de reserva y no entra a tu cuenta con tu identidad: lo que puede y lo que no puede hacer para darte soporte está en la Sección 9. Esta obligación sobrevive a la terminación del contrato.

(i) Seguridad. Aplicamos las medidas técnicas, humanas y administrativas que describe la Sección 5 de la Política de Tratamiento de Datos Personales y la página de seguridad y cumplimiento: cifrado en tránsito, cifrado AES-256-GCM de los campos sensibles en reposo, control de acceso por rol y por despacho, registro de auditoría, copias de seguridad de la base de datos y monitoreo de seguridad.

(j) Incidentes. Si ocurre un incidente de seguridad que afecte datos personales de tus asuntos te lo notificamos sin dilación y a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a tener conocimiento de él, con lo que sepamos sobre su naturaleza, los datos afectados, las consecuencias probables y las medidas adoptadas, para que puedas cumplir tus propias obligaciones de notificación. Por los datos de los que somos responsables avisamos a la autoridad de control de tu país, en los países donde existe una ante la cual presentarlo, en el plazo que declara el anexo de privacidad de ese país —que dice también si el plazo lo fija una norma o lo adoptamos nosotros por decisión propia—, y al titular en todo caso sin dilación injustificada.

(k) Al terminar. Cuando el contrato termina, los datos de tus asuntos dejan de estar disponibles en el Servicio y se eliminan o anonimizan dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación, salvo obligación legal de conservación, conforme a la Sección 11 de la Política de Tratamiento de Datos Personales, que es la política de retención vigente. Los registros de autorización, de auditoría y de solicitudes de los titulares se conservan como prueba de cumplimiento. Según lo que ese proveedor publica, los datos que hayamos enviado al proveedor de generación de texto no quedan almacenados en él después de procesar cada solicitud, en los términos de la Sección 21 (h) —que dice también qué no cubre esa declaración y desde cuándo rige.

Puedes cancelar tu cuenta en cualquier momento desde 'Mi cuenta', y tu suscripción desde 'Mi práctica > Mi plan' conforme a la Sección 12. Podemos terminar o suspender tu acceso al Servicio por violación de estos Términos con un aviso previo de treinta (30) días, salvo en los casos de violación grave —uso ilegal, ataque a la plataforma o a los datos de otro despacho, impago prolongado—, en los que la suspensión puede ser inmediata. Tienes derecho a pedir una copia de tus datos personales de cuenta conforme a la portabilidad que reconoce la normativa de protección de datos de tu país; puedes ejercerlo en cualquier momento, incluso después de terminar tu cuenta, por los canales de las Secciones 6 y 7 de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Lo que pasa con los datos de tus asuntos al terminar lo dice la Sección 4 (k).

En la máxima medida permitida por la ley, Custodio Legal no responde por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos. Nuestra responsabilidad total no excede el monto que pagaste en los últimos doce (12) meses. Estas limitaciones no aplican en casos de dolo o culpa grave, ni cuando la ley aplicable expresamente lo prohíba.

DESCARGO CRÍTICO – APIS JUDICIALES DE TERCEROS: Custodio Legal actúa como intermediario tecnológico que consulta sistemas de información de terceros, como la Rama Judicial de Colombia (Tyba, SAMAI), el Consejo Superior de la Judicatura, la Función Judicial de Ecuador (eSATJE/Manticore) y el Poder Judicial de Costa Rica (Sistema de Gestión en Línea y Archivo Judicial). Esos sistemas los operan entidades gubernamentales independientes. Custodio Legal NO garantiza ni puede garantizar:

• (i) La disponibilidad continua de dichas APIs gubernamentales;
• (ii) La exactitud, integridad o actualidad de la información publicada por dichas entidades;
• (iii) Los tiempos de respuesta de los sistemas judiciales;
• (iv) Que los estados y actualizaciones judiciales se reflejen en tiempo real.

En consecuencia, Custodio Legal NO responde por:

• (a) Vencimientos de términos procesales como consecuencia de fallos o indisponibilidad de los sistemas judiciales de terceros;
• (b) Errores en la información oficial publicada por las entidades gubernamentales;
• (c) Cambios en las estructuras o interfaces de las APIs gubernamentales que afecten temporalmente el Servicio.

Eres responsable de comprobar directamente con las fuentes oficiales la información procesal crítica y de cumplir los términos procesales que establece la ley. No dependas exclusivamente de las notificaciones automáticas del sistema para el cómputo de términos legales.

El Servicio se ofrece en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador y en la República Dominicana. Estos Términos se rigen por la ley del país donde el Despacho está domiciliado, y el anexo de ese país la declara con su nombre, junto con la normativa de protección de datos personales que le aplica y la norma de protección al consumidor de ese país. Este es un contrato profesional: esas normas de consumo aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente, como el derecho de la Sección 3A.

El Servicio está diseñado para despachos de abogados y profesionales del derecho. Al usarlo declaras que tienes al menos dieciocho (18) años o la mayoría de edad vigente en tu país y capacidad para contratar. No abrimos cuentas a menores de edad. Los datos de niñas, niños y adolescentes que un expediente pueda contener llegan a la plataforma dentro del asunto que tu despacho gestiona, y se tratan conforme a la Sección 4 (e): es el Despacho, como responsable, quien debe contar con la autorización que la ley exige para ellos.

Custodio Legal es una plataforma de gestión de práctica legal: gestión de asuntos judiciales y extrajudiciales, partes, documentos con texto extraído, notas, agenda y plazos, vigilancia de los registros judiciales y de las publicaciones judiciales de tu país según el plan, funciones de Inteligencia Artificial conforme a la Sección 21, y acceso por API y por clientes MCP en los planes que lo incluyen, conforme a la Sección 22. Los originales que aportas se procesan de forma transitoria para extraer su contenido; conservamos el texto extraído y los metadatos del asunto, no el archivo. Nos reservamos el derecho de modificar, suspender o descontinuar funcionalidades con un aviso previo de treinta (30) días.

Confidencialidad del expediente. Sabemos que lo que gestionas en el Servicio está amparado por el secreto profesional del abogado: el artículo 28, numeral 9, de la Ley 1123 de 2007 de Colombia; el Código Orgánico de la Función Judicial en Ecuador; el artículo 19 del Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ratificado por el Decreto núm. 1290 de 1983, que extiende el secreto profesional a los asuntos conocidos «por intermedio de empleados o dependientes»; y el artículo 41 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho de Costa Rica, que obliga al abogado a advertir «a su personal de apoyo de la confidencialidad de los asuntos» y del «deber de reserva que los cobija». Todo nuestro personal está obligado a la reserva sobre el contenido de tus asuntos, y el acceso al Servicio está separado por despacho: ningún despacho ve los datos de otro.

Acceso de soporte. Nuestro personal no entra a tu cuenta ni a tus expedientes con tu identidad. No existe en el Servicio ninguna función con la que nuestro personal pueda iniciar sesión como tú, ver tus pantallas como si fuera tú ni actuar en tu nombre. El soporte se presta con la información que tú compartes con nosotros —lo que nos escribes, las capturas que nos envías, lo que reproducimos en nuestro propio entorno— y con registros operativos que no contienen el contenido de tus asuntos.

Lo que sí podemos hacer, y preferimos decírtelo con exactitud: a petición de tu despacho, o para atender una solicitud de portabilidad, podemos generar una copia de los datos de tu despacho —la cuenta, los usuarios, los asuntos y sus fuentes— y entregártela. Ese acto queda registrado en la auditoría de tu propio despacho, con quién lo hizo y cuándo, y es visible para ti dentro del Servicio.

Disponibilidad. Trabajamos con un objetivo de disponibilidad mensual del 99,5 %. Es un objetivo de servicio, no una garantía: publicamos el estado del Servicio y los incidentes que lo afectan, y avisamos con antelación los mantenimientos programados, que quedan fuera de ese cálculo. No pactamos crédito, descuento ni indemnización tasada por no alcanzar esa cifra. Nada de esto recorta los derechos que la ley te reconoce ante incumplimientos graves, ni afecta lo que las Secciones 6 y 14 dejan expresamente a salvo en casos de dolo o culpa grave, ni la vía de reclamación de la Sección 19.

El tratamiento de tus datos personales como usuario se rige por nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales; al aceptar estos Términos también la aceptas y otorgas la autorización que ella describe. El tratamiento de los datos personales de terceros que viven en tus asuntos se rige por la Sección 4. Cumplimos la normativa de protección de datos de los cuatro países donde ofrecemos el Servicio: la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 en Colombia, la Ley N° 8968 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 37554-JP) en Costa Rica, la LOPDP y su Reglamento en Ecuador, y la Ley núm. 172-13 en la República Dominicana.

Te comprometes a:

• (a) Proporcionar información veraz y actualizada.
• (b) No usar el Servicio para fines ilegales o no autorizados.
• (c) No intentar acceder sin autorización a sistemas o datos de otros despachos.
• (d) No reproducir, duplicar, copiar, vender o revender el Servicio sin autorización escrita.
• (e) Conservar la confidencialidad de tus credenciales de acceso y avisarnos de inmediato de cualquier uso no autorizado.
• (f) Contar con la autorización de los titulares cuyos datos aportas a tus asuntos, conforme a la Sección 4 (e).
• (g) Responder por los miembros que invitas a tu despacho y por los clientes MCP que autorizas, conforme a la Sección 22.

Las suscripciones se facturan por anticipado, por períodos mensuales, según el plan seleccionado. Cada plan se factura en la moneda que declara el anexo de tu país y que la página de precios publica para él; a falta de anexo, en dólares de los Estados Unidos. El precio de cada plan es el que publica esa página y el que ves en la pantalla de pago antes de confirmar la compra. La suscripción se renueva automáticamente al final de cada período por un período igual y al precio vigente, salvo que la canceles antes. Puedes cancelarla en cualquier momento desde 'Mi práctica > Mi plan', que te lleva al portal de nuestro proveedor de pagos; la cancelación surte efecto al final del período ya pagado y hasta entonces conservas el acceso al plan. Fuera del derecho de retracto de la Sección 3A no hay reembolso del período en curso. Los precios pueden cambiar con un aviso previo de treinta (30) días; el precio nuevo aplica desde el siguiente período de facturación, y si no estás de acuerdo puedes cancelar antes de que entre en vigor. El impago puede llevar a la suspensión del Servicio después de diez (10) días de gracia. Tienes derecho a factura electrónica conforme a la normativa tributaria de tu país.

Prestamos el Servicio con diligencia razonable. Fuera de las garantías expresas de estos Términos, el Servicio se presta 'tal cual', sin garantías implícitas de comerciabilidad ni de idoneidad para un fin particular, en la medida que la ley lo admite. No garantizamos que el Servicio sea ininterrumpido ni libre de errores. Estas exclusiones no afectan los derechos que la ley te reconoce sin admitir pacto en contrario.

Aceptas indemnizar y mantener indemne a Custodio Legal frente a cualquier reclamo derivado de:

• (a) Tu uso del Servicio en violación de estos Términos.
• (b) Contenido que aportes que infrinja derechos de terceros.
• (c) Actividades ilegales realizadas a través de tu cuenta.
• (d) El tratamiento de datos personales de terceros en tus asuntos sin la autorización o base legal que la Sección 4 (e) te exige.

Esta obligación no aplica en caso de dolo o culpa grave de nuestra parte ni limita los derechos que la ley te reconoce sin admitir pacto en contrario.

Podemos modificar estos Términos. Te avisamos de los cambios sustanciales por correo electrónico y/o mediante un aviso destacado en la plataforma con al menos treinta (30) días de anticipación. El uso continuado del Servicio después de la fecha de entrada en vigor constituye aceptación de los Términos modificados. Si no aceptas los cambios, puedes cancelar tu cuenta antes de que entren en vigor. La versión vigente de estos Términos es la 0.0.11, en vigor desde el 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.11 corrige cuatro cláusulas que decían de nosotros más de lo que el Servicio hace, y ninguna de las cuatro amplía lo que nos concedes. La Sección 4 (a) ya no te pide una licencia para almacenar tu contenido: pide la que corresponde a lo que de verdad pasa —procesarlo, mostrarlo y conservar el texto extraído y su procedencia—, porque el archivo original no se guarda, que es lo que la Sección 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales y la página de seguridad ya decían. La Sección 4 (g) saca a Google de la lista de subencargados: no trata datos de tus asuntos por nuestra cuenta y con él no hay acuerdo de encargo, como la versión 0.0.7 de esa Política corrigió hace un día, y se remite a su Sección 15; en la misma lista, Sentry deja de figurar «sin datos personales» y dice lo que recibe: la ruta del error y tu identificador interno de usuario, sin correo, nombre ni dirección IP. La Sección 4 (k) deja de afirmar como hecho propio que el proveedor de generación de texto no almacena lo que le enviamos, y lo atribuye a lo que ese proveedor publica, en los términos de la Sección 21 (h). Y la Sección 21 (f) acota las Cláusulas Contractuales Tipo al proveedor de generación de texto, que es el único cuyo acuerdo las incorpora, y nombra el destino como lo nombra la Política: la Unión Europea, Israel o Estados Unidos. Ningún derecho tuyo se reduce y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.10, del 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.10 completa con las normas dominicanas y costarricenses cuatro líneas que enumeraban sólo dos países desde antes de que hubiera un tercero: la Sección 1 nombra el artículo 9 de la Ley núm. 126-02 y el artículo 4 de la Ley N° 8454 para el valor probatorio de tu aceptación; la Sección 4 (b) nombra el artículo 30 del Reglamento a la Ley N° 8968 y dice que la Ley núm. 172-13 define al encargado pero no exige el contrato, de modo que en ese país este apartado rige por acuerdo entre las partes; la Sección 9 nombra el artículo 19 del Código de Ética dominicano y el artículo 41 del Código de Deberes costarricense; y la Sección 15 suma las dos sedes de arbitraje de esos países. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia, en ninguno de los cuatro países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.9, del 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.9 suma a Costa Rica: el Servicio se ofrece ahora en cuatro países, la Sección 7 y la Sección 10 nombran también la Ley N° 8968 y su Reglamento, el descargo de la Sección 6 y la fuerza mayor de la Sección 14 nombran las dos fuentes judiciales costarricenses —el Sistema de Gestión en Línea y el Archivo Judicial del Poder Judicial de Costa Rica— y la Sección 3A anota la excepción al retracto que rige en Costa Rica, la del artículo 73 del Reglamento a la Ley N° 7472. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia en los otros tres países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.8, del 9 de septiembre de 2026. La versión 0.0.8 no cambia ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra: reparte el mismo texto entre este tronco y el anexo de tu país. El derecho de retracto de la Sección 3A, la ley aplicable de la Sección 7, el plazo del aviso de incidente de la Sección 4 (j) y la salvaguarda de la transferencia de la Sección 21 (f) estaban dichos dos veces, una acá con las normas de dos países —la República Dominicana sólo aparecía en su anexo— y otra en el anexo de cada uno. Ahora el tronco dice lo que valía igual en los tres que entonces se ofrecían y remite al anexo, y el anexo dice el plazo, la norma y el mínimo legal de tu país. Los quince (15) días calendario para retractarte y los quince para que te devolvamos el dinero siguen siendo los mismos. Reemplaza a la 0.0.7, del 9 de septiembre de 2026, que sacó las monedas del tronco: la regla general de la Sección 12 ya no dice que Colombia paga en pesos y los demás en dólares —que dejó de ser cierto cuando la República Dominicana empezó a facturar en pesos dominicanos—, sino que cada plan se factura en la moneda que declara el anexo de tu país, y en dólares de los Estados Unidos donde no haya anexo. Por la misma razón la Sección 22 (c) ya no cita cifras de recarga por país: el monto mínimo y los créditos de IA que compra cada unidad de tu moneda los publica la página de precios y los ves en la pantalla de recarga antes de pagar. Ni la moneda que se te cobra ni el precio de tu plan cambian con esta versión. Reemplaza a la 0.0.6, de septiembre de 2026, a la 0.0.5, a la 0.0.4 y a la 0.0.3, de septiembre de 2026, a la 0.0.2, de agosto de 2026, y a la 0.0.1, de febrero de 2026. La versión 0.0.6 retiró el acceso de soporte por sesión de suplantación —nuestro personal ya no puede entrar a tu cuenta con tu identidad, porque esa función dejó de existir en el Servicio—, describe con exactitud el único acto de soporte que alcanza el contenido de tus asuntos (la copia de los datos de tu despacho, auditada bajo tu propio despacho y visible para ti), y declara la disponibilidad del 99,5 % mensual como objetivo de servicio y no como garantía, sin crédito ni indemnización tasada y sin recortar los derechos que la ley te reconoce. La versión 0.0.5 declaró el carácter profesional del contrato, identificó a la parte, concedió el derecho de retracto, incorporó las condiciones de encargo de la Sección 4, corrigió los cupos y los precios, dejó el arbitraje a tu elección y retiró el plazo de un año para reclamar. Cada versión rige hasta que la reemplaza la siguiente, y la que aceptaste queda registrada conforme a la Sección 1.

Cualquier controversia la intentamos resolver primero de forma directa, dentro de los treinta (30) días siguientes a que una parte se la comunique por escrito a la otra. Si no lo logramos, tú eliges entre acudir a la justicia ordinaria de tu domicilio o someter la controversia a arbitraje: en Colombia, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, conforme a la Ley 1563 de 2012; en Ecuador, ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación; en la República Dominicana, ante la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, conforme a la Ley núm. 489-08 sobre Arbitraje Comercial, cuyo artículo 2 admite el arbitraje de las controversias «sobre materias de libre disposición y transacción»; en Costa Rica, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, conforme a la Ley N° 8937, Ley de Arbitraje, y al artículo 2 de la Ley N° 7727, que reconoce el derecho de recurrir al arbitraje para «diferencias patrimoniales de naturaleza disponible». El arbitraje nunca es obligatorio para ti. Nada de esto limita tu derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, ante la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) en Ecuador, ni ante la autoridad competente de tu país.

Custodio Legal es una plataforma de software diseñada para automatizar tareas administrativas y de gestión documental en despachos jurídicos. El uso de la plataforma, de sus funcionalidades de seguimiento judicial, generación de documentos, sincronización con APIs gubernamentales, cálculo de términos o cualquier otra característica NO constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoría legal, representación jurídica, consejo profesional de abogados ni una relación abogado-cliente. Las decisiones procesales, sustantivas y estratégicas son responsabilidad exclusiva del profesional del derecho que usa la plataforma. Custodio Legal no asume ningún deber fiduciario ni responsabilidad derivada de tus decisiones legales. Ningún automatismo de la plataforma reemplaza el criterio profesional del abogado.

Custodio Legal no responde por incumplimientos o retrasos en la prestación del Servicio causados por circunstancias fuera de su control razonable, incluyendo sin limitación:

• (a) Fallas, interrupciones, mantenimientos no programados o cambios unilaterales en los sistemas tecnológicos de entidades gubernamentales (incluyendo la Rama Judicial de Colombia, SAMAI, Tyba, la Función Judicial del Ecuador, SATJE/Manticore, y el Poder Judicial de Costa Rica, Sistema de Gestión en Línea y Archivo Judicial);
• (b) Desastres naturales, pandemias, actos terroristas o guerras;
• (c) Fallos eléctricos, de internet o de infraestructura de telecomunicaciones que afecten a los proveedores de servicios en la nube;
• (d) Cambios en la legislación o la regulación que requieran modificaciones técnicas en la plataforma;
• (e) Ataques cibernéticos de terceros a la infraestructura de nuestros proveedores.

Si un evento de fuerza mayor dura más de treinta (30) días calendario, puedes suspender tu suscripción sin penalidad hasta que el Servicio se restablezca.

Cualquier reclamación sobre el Servicio o sobre estos Términos puedes presentarla a [email protected]. Te respondemos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Los plazos para ejercer acciones judiciales son los que fija la ley aplicable; estos Términos no los acortan.

Si alguna disposición de estos Términos resulta inválida o inaplicable, las demás permanecen vigentes con los ajustes mínimos necesarios para preservar la intención de las partes. Estos Términos, junto con la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Cookies, son el acuerdo completo entre las partes respecto al Servicio y reemplazan cualquier acuerdo anterior, oral o escrito. El no ejercicio de un derecho no implica su renuncia. Ninguna manifestación verbal de empleados o agentes de Custodio Legal constituye una garantía ni una condición del contrato. Estos Términos se otorgan en español; la versión en inglés se publica para tu comodidad y, en caso de conflicto, prevalece la versión en español. Para consultas: [email protected].

Custodio Legal incluye funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial (actualmente: resumen de asunto, análisis profundo, redacción de documentos y preguntas con citas sobre tus documentos), de carácter opcional y sujetas a las siguientes condiciones:

• (a) NATURALEZA DEL OUTPUT: Los resultados generados por IA son material de apoyo administrativo. NO son, bajo ninguna circunstancia, asesoría legal, dictamen profesional ni sustituto del criterio del abogado (reforzando lo establecido en la Sección 17).
• (b) OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN: Eres responsable de revisar, validar y comprobar todo output de IA antes de usarlo en cualquier actuación profesional, contractual o procesal. La IA puede producir errores, omisiones, imprecisiones o afirmaciones incorrectas ('alucinaciones').
• (c) CUPO MENSUAL DE CRÉDITOS DE IA: Las funcionalidades de IA se consumen contra un cupo mensual de créditos de IA incluido en tu plan: 750.000 en Gratis, 5.250.000 en Solo, 12.000.000 en Pro, 22.500.000 en Max y 12.000.000 por puesto en Equipos, que se contrata desde dos (2) puestos. Un crédito de IA equivale a un (1) token equivalente del proveedor, que es la unidad con la que el Servicio mide el consumo y la que ves en la página de precios y en la aplicación. El token equivalente no es el token crudo del proveedor: una operación ejecutada en un modelo más caro descuenta en proporción a la tarifa pública de ese modelo, de modo que el mismo cupo rinde más en los modelos livianos que en los pesados. El cupo se renueva con cada mes calendario y lo no consumido en un mes no se acumula al siguiente. Al agotarse, la IA se detiene: no hay cobro automático por exceso ni consumo por encima del cupo. Para seguir usando la IA dentro del mismo mes puedes comprar una recarga de monto libre, cobrada en la misma moneda en la que se factura tu suscripción (Sección 12). El monto mínimo y cuántos créditos de IA compra cada unidad de esa moneda los publica la página de precios, moneda por moneda, y los ves en la pantalla de recarga con el total en créditos de IA antes de pagar; ésa es la tasa vigente. Los créditos de IA comprados no vencen y se arrastran de un mes a otro hasta gastarse. Los créditos de IA consumidos por operaciones ya ejecutadas no son reembolsables, salvo falla comprobada atribuible a Custodio Legal.
• (d) LÍMITES Y RATE LIMITING: Podemos aplicar límites razonables de uso para prevenir abusos, proteger la estabilidad del Servicio y controlar los costos de infraestructura. Esos límites se comunican en la página de precios o en la configuración de IA.
• (e) USOS PROHIBIDOS: Te comprometes a NO usar las funcionalidades de IA para: (i) generar contenido ilegal, difamatorio, discriminatorio o que infrinja derechos de terceros; (ii) procesar datos personales de terceros sin autorización válida del titular o base legal aplicable; (iii) intentar extraer, reidentificar o revertir información de otros despachos o del modelo; (iv) automatizar envíos masivos, scraping o evasión de límites de uso; (v) generar documentos destinados a engañar a autoridades judiciales o administrativas. El incumplimiento puede resultar en la suspensión inmediata del acceso a la IA y, en casos graves, en la terminación de la cuenta conforme a la Sección 5.
• (f) DATOS ENVIADOS AL PROVEEDOR: Al ejecutar una operación de IA, autorizas expresamente la transferencia internacional de los datos necesarios a nuestros proveedores de IA bajo las condiciones descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales (Secciones 9, 10 y 14). Hoy la generación de texto la presta Nebius B.V., sociedad domiciliada en Schiphol, Países Bajos, que opera el servicio Nebius Token Factory; los embeddings los presta Voyage AI, en Estados Unidos; y Anthropic (Estados Unidos) y JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD. (Singapur, servicio z.ai) quedan registradas como proveedores alternos de generación de texto que hoy no reciben datos tuyos. El proveedor declara ejecutar la inferencia en la Unión Europea, en Israel o en Estados Unidos según el modelo; qué salvaguarda respalda cada uno de esos destinos bajo tu propia ley lo declara el anexo de privacidad de tu país. Hacia el proveedor de generación de texto, y sólo hacia él, la transferencia se apoya además en las Cláusulas Contractuales Tipo que su acuerdo de tratamiento incorpora y en esta autorización tuya; los demás destinos de la Sección 4 (g) se apoyan en lo que declare el anexo de tu país, que para dos de ellos dice expresamente que las Cláusulas no son la base. Si cambiamos de proveedor de generación de texto o de la jurisdicción a la que se transfieren tus datos, subimos la versión de la Política de Tratamiento de Datos Personales y te pedimos una autorización nueva antes de seguir. En el resumen, el análisis y la redacción no enviamos documentos adjuntos; en las preguntas con citas (Q&A) sí enviamos el contenido de los documentos del asunto seleccionado. Nunca enviamos datos de asuntos distintos al seleccionado.
• (g) DISPONIBILIDAD: Las funcionalidades de IA dependen de servicios de terceros. Custodio Legal no garantiza disponibilidad ininterrumpida ni responde por caídas, cambios de modelo o modificaciones de precios de dichos proveedores que impacten temporalmente el Servicio. En caso de indisponibilidad prolongada (más de 72 horas continuas), otorgamos créditos de IA por la parte del cupo mensual que la interrupción impidió usar.
• (h) PROHIBICIÓN DE REENTRENAMIENTO: Tenemos activada en nuestra organización, desde el 4 de septiembre de 2026, la retención cero (Zero Data Retention) del proveedor de generación de texto. Según lo que él publica, con esa opción tus entradas y salidas no se almacenan tras procesar cada solicitud, no se usan para la decodificación especulativa y no se usan para entrenar, afinar ni mejorar ningún modelo. Es una declaración publicada por el proveedor y no un control que hayamos auditado; rige hacia adelante y no sobre los envíos anteriores a esa fecha, a los que se les aplicó el tratamiento por defecto de sus términos de servicio; y sus documentos publicados no dicen si alcanza los registros de detección de abuso ni las respuestas entregadas en flujo (streaming). El proveedor de embeddings aplica el opt-out que tenemos activo, que le impide usar tu contenido para entrenar modelos futuros. La Política de Tratamiento de Datos Personales (Sección 14 (iii) y (iv)) lo dice con el mismo detalle, y con la misma advertencia: no tenemos hoy un contrato firmado por separado ni certificaciones auditadas por nosotros, sólo los instrumentos que el propio proveedor publica e incorpora a sus términos.
• (i) EVOLUCIÓN DE FUNCIONALIDADES: Las funcionalidades de IA pueden cambiar, expandirse o retirarse. Avisamos los cambios materiales con al menos treinta (30) días de anticipación.
• (j) EXCLUSIÓN DE GARANTÍA: En la máxima medida permitida por la ley, las funcionalidades de IA se prestan 'tal cual', sin garantía de exactitud, idoneidad o ausencia de errores. La responsabilidad por el uso de los outputs recae exclusivamente en el Despacho.

En los planes que lo incluyen, tu despacho puede autorizar a un cliente de Inteligencia Artificial compatible con el protocolo MCP a conectarse al Servicio mediante OAuth 2.1, con el consentimiento que un miembro autorizado del despacho otorga en la pantalla de autorización. Las condiciones son estas: (a) el cliente sólo lee información y prepara acciones; toda acción que modifica datos de tu despacho requiere que una persona la apruebe dentro de la sesión del Servicio, y ninguna herramienta puede escribir sin esa aprobación; (b) el Despacho responde por los clientes que autoriza, por lo que ese cliente hace con los datos que lee y por los proveedores de modelos que ese cliente use, que no son subencargados nuestros; (c) el cliente puede revocar sus credenciales en cualquier momento por el punto de revocación del protocolo, y tú puedes pedirnos por escrito a [email protected] que revoquemos la autorización de cualquier cliente, lo que atendemos sin dilación; (d) las Secciones 17 y 21 aplican a todo lo que un cliente MCP produce con datos del Servicio.

Para los despachos domiciliados en Colombia, estos Términos se rigen por la ley colombiana, incluida la normativa de protección de datos personales: la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Este es un contrato profesional; las normas de protección al consumidor de la Ley 1480 de 2011 aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente.

Los despachos domiciliados en Colombia pagan en dólares de los Estados Unidos (USD): ésa es la moneda en la que la página de precios publica los planes de este país y la moneda en la que se cobra el checkout. Ésta es la moneda que la Sección de facturación de los Términos remite a este anexo: el tronco no nombra ninguna, y lo que aquí se declara es lo que la concreta para Colombia. El precio publicado es el precio total: es lo que se cobra, sin cargos nuestros añadidos después.

La página de precios puede mostrar, debajo del precio en dólares, una referencia aproximada en pesos colombianos. Esa referencia es informativa y no es el precio: está para que dimensiones el costo, no para fijar lo que se te cobra. El precio es el número en dólares, y es el único que te obliga. La página de precios dice con qué tasa y de qué fecha se calculó la referencia.

El cargo lo hace el procesador de pagos en dólares. La conversión a pesos la hace tu banco o el emisor de tu tarjeta, el día del cobro, con la tasa que ese emisor aplique ese día y con los cargos que él cobre por una transacción internacional. Ni esa tasa ni esos cargos son nuestros, no los fijamos y no los podemos anticipar: lo que veas en tu extracto puede diferir de la referencia que mostró la página de precios. No te prometemos ninguna tasa de cambio.

La recarga de créditos de IA se cobra también en dólares, con el monto mínimo y la tasa de créditos de IA por dólar que publica la página de precios y que ves en la pantalla de recarga antes de pagar.

Aunque contratas el Servicio para tu actividad profesional y no como consumidor final, te concedemos voluntariamente el derecho de retracto que el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 le reconoce al consumidor, y te lo concedemos por un plazo más amplio que el legal.

Si adquiriste una suscripción de pago de forma no presencial, puedes retractarte dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la celebración del contrato. El término del artículo 47 es de cinco (5) días hábiles contados desde la celebración del contrato cuando se trata de la prestación de un servicio: el nuestro es más largo, y por eso es nuestro y no una transcripción de la norma.

Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el plazo a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'. Te devolvemos todo el dinero pagado, sin descuentos ni retenciones y por el mismo medio de pago, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a tu aviso; el artículo 47 admite hasta treinta (30) días calendario para esa devolución, y también acá el plazo que nos imponemos es la mitad.

Este derecho no aplica cuando la prestación del Servicio de pago ya comenzó con tu consentimiento previo y expreso, que es la excepción del numeral 1 del artículo 47 ibídem.

Para los despachos domiciliados en Costa Rica, estos Términos se rigen por la ley costarricense, incluida la Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 37554-JP. Este es un contrato profesional entre un despacho y su proveedor de software; las normas de protección al consumidor de la Ley N° 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente, como el derecho de devolución de más abajo.

Las controversias que surjan de estos Términos se someten a los tribunales costarricenses.

Lo que toca a tus datos personales tiene además su propia vía. La Ley N° 8968 creó la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) como autoridad de control —su artículo 15 la crea como órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz—, y su Reglamento la muestra resolviendo entre titular y responsable: cuando discrepamos sobre si una consulta tuya es abusiva, el artículo 21 nos obliga a elevar el asunto a la PRODHAB, que resuelve en definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes.

Cómo se reclama ante la PRODHAB, ahora con los artículos delante. El artículo 24 de la Ley N° 8968 le da la denuncia a «cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo» que considere que una base de datos, pública o privada, actúa en contravención de las reglas o los principios de esa ley. El artículo 25 fija el trámite: recibida la denuncia se nos confieren tres días hábiles para pronunciarnos sobre la veracidad de los cargos y aportar la prueba, bajo juramento, y omitir ese informe hace que «se tengan por ciertos los hechos acusados»; la PRODHAB puede pedirnos la información que necesite, inspeccionar in situ nuestras bases y dictar medidas cautelares, y debe dictar el acto final a más tardar un mes después de la presentación de la denuncia. Contra ese acto cabe recurso de reconsideración dentro del tercer día, que se resuelve en los ocho días siguientes a su recibo. El artículo 26 dice qué se ordena si te dan la razón —la supresión, la rectificación, la adición o la aclaración inmediatas del dato, o el impedimento de transferirlo o difundirlo—, y el artículo 27 le permite a la Agencia abrir de oficio un procedimiento sancionatorio por los trámites del procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública. Los artículos 58 a 72 del Reglamento desarrollan ese mismo procedimiento de protección de derechos con los mismos números: traslado de cargos por tres días hábiles (artículo 67), acto final dentro de un mes contado desde la firmeza de la resolución que admite la denuncia (artículo 69), y reconsideración dentro del tercer día hábil, resuelta dentro de los ocho días hábiles siguientes (artículos 71 y 72).

Reclamar ante la PRODHAB no te quita la vía judicial costarricense, ni a la inversa.

Los despachos domiciliados en Costa Rica pagan en dólares de los Estados Unidos (USD), que es la moneda en la que la página de precios publica los planes de este país y la moneda en la que se cobra el checkout. Ésta es la moneda que la Sección de facturación de los Términos remite a este anexo: el tronco no nombra ninguna, y lo que aquí se declara es lo que la concreta para Costa Rica.

Costa Rica no está dolarizada y el colón es su moneda de curso legal: lo que este anexo dice es en qué moneda nos pagas la suscripción, no en cuál le facturas tú a tus clientes. Un despacho costarricense nunca paga en otra moneda, y mientras no haya precio publicado en dólares para el plan de este país, la compra no se ofrece en vez de cobrarse en otra moneda. La recarga de créditos de IA se cobra en esa misma moneda, con el monto mínimo y la tasa que publica la página de precios y que ves en la pantalla de recarga antes de pagar.

Sobre impuestos, esto es lo que podemos decirte con certeza y nada más. Costa Rica grava con el 13 % de IVA los servicios digitales transfronterizos, y la resolución N° MH-DGT-RES-0036-2025 de la Dirección General de Tributación encarga esa percepción al emisor de tu tarjeta: su artículo 17 le manda aplicarla cuando la descripción de la transacción contiene alguna de las palabras de una lista de proveedores que el Ministerio de Hacienda publica en su sitio web, y que la Administración Tributaria puede cambiar sin emitir una resolución nueva, avisando a los bancos con tres días hábiles de antelación.

Si eso ocurriera con esta suscripción, el cargo lo hace tu emisor, aparece en tu estado de cuenta y no en nuestra factura, y el precio en dólares que ves publicado no lo incluye. No afirmamos que aplique ni que no aplique: depende de esa lista, y a la fecha de esta revisión no pudimos consultarla, porque el sitio de Hacienda no responde a las peticiones que salen de fuera de Costa Rica. Preferimos decírtelo así antes que suponerlo en un sentido o en el otro.

Costa Rica reconoce un derecho de retracto, y conviene leer los dos textos que lo forman. El artículo 40 de la Ley N° 7472 lo concede en las ventas a domicilio —las que se hacen fuera del local del comerciante— por «un plazo de ocho días contados a partir de su perfeccionamiento». Lo que trae adentro al comercio electrónico es el Reglamento a esa ley, el Decreto Ejecutivo N° 37899: su artículo 75 dice que «a las transacciones realizadas mediante comercio electrónico les aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7472 y el presente reglamento», que el retracto se ejerce por el mismo medio por el que aceptaste y que el reintegro va por el mismo medio de pago. Su artículo 72 fija el plazo en ocho días hábiles desde el perfeccionamiento de la venta, y su artículo 75 nos da ocho días naturales para devolverte el dinero desde el día siguiente al aviso.

Y una limitación que es de la propia norma y no nuestra: el artículo 73 del mismo Reglamento dice que «en la venta de servicios, el retracto sólo procederá en el tanto éstos no se hubieren prestado efectivamente», y que si fueron pactados a tractos «el retracto sólo alcanzará la parte no realizada antes del recibo del aviso de rescisión, debiendo el comprador pagar proporcionalmente por la parte recibida». Una suscripción que ya usaste durante el período se retracta por la parte no consumida, y pagas lo proporcional a lo que sí usaste.

Sobre eso, lo que te concedemos por contrato es el derecho de la Sección 3A del tronco, el mismo que damos en los demás países: quince (15) días calendario desde la contratación para deshacer una suscripción de pago adquirida de forma no presencial. Ese plazo es más amplio que el legal costarricense y por eso lo mantenemos; donde la norma costarricense sea más favorable para ti —el reintegro por el mismo medio de pago, y sus ocho días naturales para hacerlo— vale la norma. Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el plazo a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'. La excepción que rige acá es la del artículo 73 costarricense, no la que la Sección 3A del tronco describe para Colombia y para la República Dominicana: no es que empezar a usar el plan te deje sin derecho, es que la devolución alcanza sólo la parte del servicio que no se te hubiera prestado antes de tu aviso, y pagas lo proporcional a la que sí.

El descargo sobre APIs judiciales de terceros del tronco de estos Términos alcanza también a las fuentes costarricenses: el Sistema de Gestión en Línea y el Archivo Judicial del Poder Judicial de Costa Rica, que son los que Custodio Legal consulta para seguir un expediente por su número.

Y alcanza también a una tercera fuente que no es del Poder Judicial: La Gaceta, el diario oficial que imprime y publica la Imprenta Nacional y donde vive el Boletín Judicial, que es donde el Poder Judicial publica sus edictos desde que el Acuerdo 18-2023 lo integró ahí.

Cinco advertencias propias de estas fuentes, y por eso están acá y no en el tronco.

La primera: los servicios del Sistema de Gestión en Línea son una interfaz interna del portal, sin contrato publicado ni versión comprometida. Pueden cambiar de forma o de dirección sin aviso previo, y eso no es una falla nuestra. Leer el estado de un expediente son dos llamadas encadenadas, y si la segunda cambia, lo que verás es el expediente sin su detalle hasta que lo ajustemos.

La segunda: el Poder Judicial de Costa Rica no publica términos de uso ni un archivo robots.txt para estos servicios. Lo medimos el 10 de septiembre de 2026 y lo decimos tal cual: no hay un permiso escrito que invocar ni una prohibición escrita que estemos incumpliendo. Consultamos como consulta una persona, a un volumen acotado por tu plan.

La tercera: la búsqueda por nombre de parte no es del expediente en curso sino del Archivo Judicial, que devuelve expedientes ya remesados a archivo. Es una búsqueda histórica y hay que leerla como tal: que un despacho o una persona no aparezca ahí no significa que no haya procesos activos a su nombre.

La cuarta: los edictos del Boletín Judicial se cruzan por número de expediente. El Servicio descarga la edición diaria de La Gaceta, aísla los avisos y conserva únicamente los que imprimen el número de un expediente que tú ya vigilas, con la fecha y el enlace de la edición. Un aviso que no imprima un número de expediente no se cruza con nada, y uno que imprima el de otra persona no se guarda: La Gaceta publica datos personales de terceros por mandato legal, y el Servicio no archiva la edición ni indexa los avisos ajenos.

La quinta: La Gaceta no la publica el Poder Judicial sino la Imprenta Nacional, que es otra institución con su propio sitio y su propia disponibilidad. Que el portal judicial conteste no significa que la edición del día ya se haya publicado, y La Gaceta no sale sábados, domingos ni feriados: el Servicio mira también la edición del día anterior por esa razón.

Lo que el Servicio muestre de un expediente costarricense es lo que esas fuentes publiquen, cuando lo publiquen. La notificación válida sigue siendo la que el tribunal practique por los medios que la ley costarricense establece, y no un aviso de Custodio Legal.

Para los despachos domiciliados en la República Dominicana, estos Términos se rigen por la ley dominicana, incluida la Ley núm. 172-13 sobre protección integral de los datos personales. Este es un contrato profesional; las normas de protección al consumidor de la Ley núm. 358-05 aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente.

Las controversias que surjan de estos Términos se someten a los tribunales dominicanos. Para la acción de hábeas data, la propia Ley núm. 172-13 fija la competencia en su artículo 20: el juez del domicilio del demandado.

Los despachos domiciliados en la República Dominicana pagan en dólares de los Estados Unidos (USD): ésa es la moneda en la que la página de precios publica los planes de este país y la moneda en la que se cobra el checkout. Ésta es la moneda que la Sección de facturación de los Términos remite a este anexo: el tronco no nombra ninguna, y lo que aquí se declara es lo que la concreta para la República Dominicana. El precio publicado es el precio total: es lo que se cobra, sin cargos nuestros añadidos después, y es el mismo cualquiera que sea el medio de pago que uses.

La página de precios puede mostrar, debajo del precio en dólares, una referencia aproximada en pesos dominicanos. Esa referencia es informativa y no es el precio: está para que dimensiones el costo, no para fijar lo que se te cobra. El precio es el número en dólares, y es el único que te obliga. Esa referencia se calcula con la tasa de cambio de referencia del mercado spot que publica el Banco Central de la República Dominicana, con la fecha que la propia página de precios indica.

El cargo lo hace el procesador de pagos en dólares. La conversión a pesos dominicanos la hace tu banco o el emisor de tu tarjeta, el día del cobro, con la tasa que ese emisor aplique ese día y con los cargos que él cobre por una transacción internacional. Ni esa tasa ni esos cargos son nuestros, no los fijamos y no los podemos anticipar: lo que veas en tu estado de cuenta puede diferir de la referencia que mostró la página de precios. No te prometemos ninguna tasa de cambio.

La recarga de créditos de IA se cobra también en dólares, con el monto mínimo y la tasa de créditos de IA por dólar que publica la página de precios y que ves en la pantalla de recarga antes de pagar.

La Ley núm. 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, no concede un derecho de retracto de plazo único para la contratación a distancia. Lo que su artículo 62 —«Ventas indirectas y a domicilio», que alcanza la contratación hecha fuera del establecimiento del proveedor o por teléfono, correo electrónico, medio digital, internet u otro medio análogo— obliga al proveedor a prever son dos plazos mínimos: un plazo de reflexión de tres (3) días hábiles como mínimo, previo a la entrega del bien o la prestación del servicio (literal f), y un plazo de prueba de siete (7) días hábiles como mínimo, previo a la devolución del bien o la suspensión del contrato de prestación del servicio (literal g). Te concedemos por contrato un derecho más amplio que los dos, el mismo que damos en los demás países: si adquiriste una suscripción de pago de forma no presencial, puedes deshacerla dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la contratación. Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el plazo a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'. Te devolvemos todo el dinero pagado, por el mismo medio de pago, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a tu aviso. Como en los demás países, este derecho no aplica cuando la prestación del Servicio de pago ya comenzó con tu consentimiento previo y expreso —si activaste el plan y ya usaste funciones exclusivas de él—, que es la excepción que la Sección 3A del tronco describe.

El descargo sobre APIs judiciales de terceros del tronco de estos Términos alcanza también a las fuentes dominicanas: los servicios públicos de Consulta Pública de Casos y de rol de audiencias del Poder Judicial de la República Dominicana, que son los que Custodio Legal consulta para seguir un expediente por su Número Único de Caso (NUC).

Dos advertencias propias de esta fuente, y por eso están acá y no en el tronco. La primera: esos servicios no se publican bajo un dominio del Poder Judicial sino sobre infraestructura de un tercero contratada por él, de modo que su dirección puede cambiar sin aviso previo y sin que eso sea una falla nuestra. La segunda: el Poder Judicial de la República Dominicana no publica edictos ni avisos procesales, que es lo que el Servicio vigila en otros países. Lo que sí publica, y lo que el Servicio lee en su lugar, es el Rol Nacional de Audiencias: la agenda de audiencias del país, con su tribunal, su sala, su modalidad y su estado. No es un edicto y no lo sustituye —la notificación electrónica dominicana va al buzón del abogado, detrás de una autenticación que el Servicio no atraviesa—, así que lo que verás de este canal son audiencias, no notificaciones.

Lo que el Servicio muestre de un expediente dominicano es lo que esas fuentes publiquen, cuando lo publiquen. La notificación válida sigue siendo la que el tribunal practique por los medios que la ley dominicana establece, y no un aviso de Custodio Legal.

Para los despachos domiciliados en Ecuador, estos Términos se rigen por la ley ecuatoriana, incluida la normativa de protección de datos personales: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su Reglamento General (RGLOPDP). Este es un contrato profesional; las normas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente.

Los despachos domiciliados en Ecuador pagan en dólares de los Estados Unidos (USD), que es la moneda de curso legal del país, la moneda en la que la página de precios publica los planes de este país y la moneda en la que se cobra el checkout. Ésta es la moneda que la Sección de facturación de los Términos remite a este anexo: el tronco no nombra ninguna. La recarga de créditos de IA se cobra en esa misma moneda, con el monto mínimo y la tasa de créditos de IA por dólar que publica la página de precios y que ves en la pantalla de recarga antes de pagar.

Para despachos en Ecuador rige el derecho de devolución o cambio que reconoce el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el texto que le dio la Disposición Reformatoria Primera, numeral 5, de la Ley Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios No Solicitados (Suplemento del Registro Oficial Nº 1 del 11 de febrero de 2022, pág. 18). El artículo dice, completo:

«Artículo 45.- Procedimiento de Devolución o Cambio.- El consumidor que adquiere bienes o servicios por cualquier medio, gozará del derecho de devolución o cambio, el mismo que deberá ser ejercido dentro del término de quince (15) días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que se lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio. No se entregará notas de crédito, bienes o servicios compensatorios, por el valor pagado.»

El plazo es de quince (15) días de término desde la recepción del servicio. «Término» son días hábiles, así que este plazo es más largo que los quince (15) días calendario que conceden los anexos de Colombia y de la República Dominicana: acá no mejoramos la ley, la aplicamos. Tampoco depende de que hayas contratado a distancia: el artículo alcanza la adquisición por cualquier medio.

La excepción que la Sección 3A del tronco describe no aplica en Ecuador. El artículo 45 no la trae: dentro del término, el único condicionamiento que pone es que la naturaleza del bien o del servicio lo admita y que el bien conserve el estado en que se recibió. Y para los servicios dice lo contrario de excluirlos por haber empezado — ordena que el derecho se ejerza cesando de inmediato el contrato de provisión del servicio, que es un supuesto de servicio en curso. Que hayas activado el plan y usado sus funciones no te quita el derecho.

Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el término a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'. Ejercido el derecho, la suscripción cesa de inmediato y te devolvemos todo el dinero pagado, por el mismo medio de pago, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a tu aviso. No te lo devolvemos en notas de crédito ni en bienes o servicios compensatorios, que es lo que el mismo artículo 45 prohíbe.