Términos de servicio

Al crear una cuenta o al usar el Servicio aceptas quedar sujeto a estos Términos, a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y a nuestra Política de Cookies. Si no estás de acuerdo con alguna parte, no puedes usar el Servicio. Contratas el Servicio para el ejercicio de tu actividad profesional o la de tu despacho, no como consumidor final; por eso estos Términos son un contrato profesional entre empresas, sin perjuicio de los beneficios que concedemos voluntariamente en la Sección 3A y de las normas que no admiten pacto en contrario. Tu aceptación queda registrada con la versión de estos Términos que aceptaste, la fecha, la dirección IP y el agente de usuario desde los que la diste, en un registro inmutable que puedes consultar en 'Mi cuenta > Tu privacidad'. Esa constancia es un mensaje de datos con valor probatorio en los términos de la Ley 527 de 1999 de Colombia, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de Ecuador, del artículo 9 de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital de la República Dominicana —que les reconoce «la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada»—, del artículo 4 de la Ley N° 8454 de Costa Rica, que reconoce a los documentos electrónicos «fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos», y del artículo 4 de la Ley N° 18.600 de Uruguay, conforme al cual los documentos electrónicos «satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas».

Cuando creas una cuenta debes darnos información precisa, completa y actual, y conservarla así. Entre esa información está la identificación tributaria del Despacho —el NIT en Colombia, el RUC en Ecuador, el RNC o la cédula en la República Dominicana y la cédula jurídica o física en Costa Rica—, que puedes declarar al abrir tu práctica y que te pedimos antes de contratar cualquier plan de pago. Es tuya la exactitud de ese dato: de él depende el tratamiento fiscal de la operación y es lo que identifica a tu despacho como comprador profesional en la factura, conforme a la Sección 1. Puedes consultarlo y corregirlo en cualquier momento en 'Mi práctica > Perfil del despacho'. Eres responsable de la confidencialidad de tus credenciales y de todas las actividades que ocurran bajo tu cuenta y bajo las cuentas de los miembros que tu despacho invita. Debes avisarnos de inmediato de cualquier uso no autorizado. El incumplimiento de esta sección es una violación de los Términos y puede llevar a la suspensión o terminación de la cuenta conforme a la Sección 5.

El Servicio y su contenido original, características, funcionalidad, código fuente, diseño y logotipos son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Custodio Legal y sus licenciantes, protegidos por las leyes de propiedad intelectual y los tratados internacionales aplicables. Lo que tú creas con el Servicio —tus asuntos, tus documentos, tus notas y los borradores que generas— es tuyo, en los términos de la Sección 4.

Aunque contratas el Servicio para tu actividad profesional y no como consumidor final, te concedemos voluntariamente el derecho a deshacer la compra de una suscripción de pago que hayas adquirido de forma no presencial. Cuál es el plazo, qué norma de tu país reconoce ese derecho y qué da esa norma como mínimo lo declara el anexo de tu país, que en ningún caso te da menos de lo que la ley de tu país te reconoce: en Colombia, en Costa Rica, en la República Dominicana y en Uruguay el plazo que concedemos es más amplio que el legal, y en Ecuador el que rige es el legal, que es el más largo de los siete. Argentina es el único país en el que este derecho no te lo concedemos nosotros: el artículo 34 de la Ley 24.240 y el artículo 1110 del Código Civil y Comercial te dan diez días corridos y declaran la facultad irrenunciable, así que ahí no hay nada que conceder ni que reservarse, y el anexo argentino transcribe los dos artículos. En Brasil el plazo que concedemos es también más amplio que el legal, y estos Términos no afirman que la ley de consumo brasileña te alcance: el artículo 49 del Código de Defesa do Consumidor da siete (7) días contados desde la firma del contrato o desde la recepción del servicio cuando la contratación ocurre fuera del establecimiento comercial, y los quince (15) días calendario que esta Sección te concede lo cubren entero; el anexo brasileño transcribe el artículo y explica por qué la cuestión de fondo —si un escritório que usa la plataforma como insumo de su profesión es «destinatário final»— queda abierta.

Lo que vale igual en los siete países, y por eso está acá:

• Para ejercerlo, avísanos por escrito antes de que venza el plazo a [email protected] o desde 'Mi práctica > Mi plan'.
• Te devolvemos todo el dinero pagado, sin descuentos ni retenciones y por el mismo medio de pago, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a tu aviso.
• En Colombia y en la República Dominicana el derecho no aplica cuando la prestación del Servicio de pago ya comenzó con tu consentimiento previo y expreso: si activaste el plan y ya usaste funciones exclusivas de él —por ejemplo, la vigilancia judicial de más asuntos de los que admite el plan gratuito o las funciones de Inteligencia Artificial por encima del cupo gratuito—, entendemos que la prestación comenzó. Ésta es la excepción a la que remiten esos dos anexos, y es legítima porque en esos dos países el derecho te lo concedemos nosotros por encima del legal. En Ecuador no opera: ahí el derecho lo da el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que no la contempla y que, para los servicios, ordena precisamente cesar de inmediato el contrato — un derecho que da la ley no lo recortamos por contrato. El anexo ecuatoriano transcribe el artículo entero. En Costa Rica rige otra excepción, la del artículo 73 del Reglamento a la Ley N° 7472 (Decreto Ejecutivo N° 37899): estrenar el plan no te deja sin derecho, pero la devolución alcanza sólo la parte del Servicio que no se te hubiera prestado antes de tu aviso, y pagas lo proporcional a la que sí. El anexo costarricense la transcribe. Y en Uruguay rige la excepción de contenido digital, la del artículo 16-BIS, literal H), de la Ley N° 17.250: si consientes expresamente que empecemos a prestarte el Servicio de inmediato y empiezas a usarlo, pierdes el derecho de desistimiento de cinco días hábiles que el artículo 16 de esa ley da al consumidor — no el de quince días calendario que esta Sección te concede por contrato, que seguimos honrando igual. El anexo uruguayo la transcribe y explica por qué está escrita. En Argentina no reservamos ninguna excepción: el derecho es legal e irrenunciable, y ni el artículo 34 de la Ley 24.240 ni los artículos 1110 a 1116 del Código Civil y Comercial exceptúan al servicio ya empezado, así que no lo exceptuamos nosotros. El anexo argentino lo dice con sus artículos. En Brasil tampoco reservamos ninguna excepción: el parágrafo único del artículo 49 del Código de Defesa do Consumidor manda devolver «de imediato, monetariamente atualizados» todos los valores pagados «a qualquer título, durante o prazo de reflexão», y no exceptúa al servicio ya empezado, así que no lo exceptuamos nosotros.

(a) Tu contenido. Conservas todos los derechos sobre el contenido que aportas al Servicio. Al aportarlo nos concedes una licencia limitada, no exclusiva y revocable para procesarlo y mostrarlo, y para conservar el texto extraído de él y su procedencia, en la medida necesaria para prestarte el Servicio. No conservamos el archivo original: se procesa de forma transitoria para extraer su contenido y luego se elimina, como dice la Sección 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales. Eres responsable de que tu contenido no infrinja derechos de terceros ni viole la ley aplicable.

(b) Roles. Sobre los datos personales de los usuarios de la plataforma —tú y los miembros de tu despacho— Custodio Legal es responsable del tratamiento, y ese tratamiento se rige por la Política de Tratamiento de Datos Personales. Sobre los datos personales de terceros que viven en los asuntos que gestionas —tus clientes, las contrapartes, los testigos, los interesados en un proceso— el Despacho es el responsable del tratamiento y Custodio Legal es el encargado, que los trata por cuenta tuya y bajo tus instrucciones. Este apartado es el contrato de transmisión que exigen el artículo 25 del Decreto 1377 de 2013 de Colombia (artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015), el artículo 47 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador y el artículo 30 del Reglamento a la Ley N° 8968 de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 37554-JP), conforme al cual el encargado «solo podrá intervenir en el tratamiento de las bases de datos personales, según lo establecido en el contrato celebrado con el responsable y sus indicaciones». La Ley núm. 172-13 de la República Dominicana define al encargado del tratamiento —quien trata los datos por cuenta del responsable, artículo 6, numeral 12— pero no exige un contrato entre ambos: en la República Dominicana este apartado rige por acuerdo entre tú y nosotros, y no porque una norma lo imponga. En Uruguay el artículo 30 de la Ley N° 18.331 presupone ese contrato —prohíbe aplicar los datos «a un fin distinto del que figure en el contrato de servicios» y cederlos a otras personas «ni aún para su conservación»—, así que ahí el encargo se documenta además en el contrato de encargado de tratamiento que publicamos como instrumento propio, con las cláusulas del Anexo I de la Resolución URCDP N° 41/021 y con cada subencargado nombrado adentro. En Argentina el encargo se documenta también en instrumento propio, y ahí el texto no lo redactamos nosotros: la Disposición DNPDP 60-E/2016 publica el modelo y su artículo 2 obliga a pedirle aprobación a la AAIP dentro de los treinta días corridos de la firma a quien se aparte de él, así que reproducimos el Anexo II como está, cláusula por cláusula, con el Anexo A que describe la transferencia y dónde se alojan los datos. En Brasil el encargo se documenta también en instrumento propio y tampoco redactamos nosotros su texto: el artículo 16 de la Resolução CD/ANPD nº 19, de 23 de agosto de 2024, condiciona la validez de la transferencia a «a adoção integral e sem alteração do texto disponibilizado no Anexo II», y su § 2º prohíbe que cualquier otra disposición de nuestros contratos lo excluya, modifique o contraríe «direta ou indiretamente», así que reproducimos esas cláusulas-padrão contratuais tal como están, con la lista de subencargados adjunta.

(c) Objeto y alcance. El encargo cubre el almacenamiento, la extracción de texto, la búsqueda, el resumen, el análisis, la redacción asistida, la vigilancia judicial y las demás operaciones que el Servicio realiza sobre los datos de tus asuntos, con la única finalidad de prestarte el Servicio, y dura mientras dure este contrato.

(d) Instrucciones. Tratamos esos datos sólo según tus instrucciones, que son las funciones del Servicio que tú y los miembros de tu despacho ejecutan, y las que nos des por escrito a [email protected]. No los usamos para fines propios, no los cedemos a terceros para fines propios de ellos y no entrenamos modelos con ellos. Si una instrucción tuya nos parece contraria a la ley te lo decimos antes de ejecutarla.

(e) Garantía de autorización. Declaras que cuentas con la autorización de los titulares, o con otra base legal, para tratar los datos personales que aportas a tus asuntos —incluidos los datos sensibles y los de niñas, niños y adolescentes que un expediente pueda contener—, conforme a los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 1581 de 2012, al artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 y a los artículos 7 y 8 de la LOPDP. Un expediente judicial contiene esos datos por la naturaleza del proceso; es el Despacho, como responsable, quien debe haber obtenido la autorización que la ley exige, y quien responde ante los titulares y las autoridades por ella. Nosotros no te pedimos esos datos ni los recogemos por nuestra cuenta.

(f) Derechos de los titulares. Cuando un titular ejerza ante nosotros un derecho sobre datos que viven en un asunto tuyo, le informamos que el responsable es tu despacho, te trasladamos la solicitud dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y le damos tus datos de contacto. Tú respondes en los plazos de tu país; nosotros te damos las herramientas del Servicio para rectificar o suprimir lo que corresponda.

(g) Subencargados. Para prestar el Servicio usamos los siguientes proveedores, que tratan datos de tus asuntos por nuestra cuenta: Nebius B.V. (Países Bajos; generación de texto para las funciones de Inteligencia Artificial, con retención cero activada y con la declaración de nivel adecuado de la Unión Europea a favor de Israel para la inferencia que el proveedor ejecuta en ese país), Voyage AI (Estados Unidos; representaciones vectoriales del texto de tus documentos, con la opción de no entrenar activada), Railway (Estados Unidos; alojamiento de la aplicación, de la base de datos y de sus copias de seguridad), Resend (Estados Unidos; correo electrónico transaccional), Polar (Estados Unidos; pagos y facturación, que recibe tus datos de cuenta y no los de tus asuntos), Sentry (Estados Unidos; monitoreo técnico de errores, que recibe la ruta donde ocurrió el error y tu identificador interno de usuario; sin correo, sin nombre y sin dirección IP) y Cloudflare (Estados Unidos; red de entrega y protección del sitio público y del acceso a nuestra documentación interna). Cada uno de esos proveedores incorpora a sus términos un acuerdo de tratamiento de datos que aceptamos al contratarlo. Google no está en esta lista, y no por olvido: no trata datos de tus asuntos por nuestra cuenta ni bajo nuestras instrucciones, sino que actúa como responsable independiente en los dos usos que el producto le da —el inicio de sesión con tu cuenta de Google y la etiqueta de Ads del sitio público—, así que con él no tenemos un acuerdo de encargo. Lo explica, con la versión de cada instrumento que rige esa relación, la Sección 15 de la Política de Tratamiento de Datos Personales. La lista vigente, con lo que recibe cada proveedor y bajo qué salvaguarda, se publica y se mantiene al día en https://custodio.legal/subprocessors. La Política de Tratamiento de Datos Personales (Secciones 9, 10 y 14) dice, proveedor por proveedor, qué se le envía y bajo qué salvaguarda. Si cambiamos el proveedor de generación de texto o la jurisdicción a la que se transfieren los datos, subimos la versión de esa Política y te pedimos una autorización nueva antes de seguir; para cualquier otro subencargado nuevo te avisamos con treinta (30) días de anticipación y puedes terminar el contrato sin penalidad si no estás de acuerdo.

(h) Confidencialidad. Tratamos los datos de tus asuntos como información confidencial y amparada por el secreto profesional de tu despacho. Nuestro personal está sujeto a obligación de reserva y no entra a tu cuenta con tu identidad: lo que puede y lo que no puede hacer para darte soporte está en la Sección 9. Esta obligación sobrevive a la terminación del contrato.

(i) Seguridad. Aplicamos las medidas técnicas, humanas y administrativas que describe la Sección 5 de la Política de Tratamiento de Datos Personales y la página de seguridad y cumplimiento: cifrado en tránsito, cifrado AES-256-GCM de los campos sensibles en reposo, control de acceso por rol y por despacho, registro de auditoría, copias de seguridad de la base de datos y monitoreo de seguridad.

(j) Incidentes. Si ocurre un incidente de seguridad que afecte datos personales de tus asuntos te lo notificamos sin dilación y a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a tener conocimiento de él, con lo que sepamos sobre su naturaleza, los datos afectados, las consecuencias probables y las medidas adoptadas, para que puedas cumplir tus propias obligaciones de notificación. Por los datos de los que somos responsables avisamos a la autoridad de control de tu país, en los países donde existe una ante la cual presentarlo, en el plazo que declara el anexo de privacidad de ese país —que dice también si el plazo lo fija una norma o lo adoptamos nosotros por decisión propia—, y al titular en todo caso sin dilación injustificada.

(k) Al terminar. Cuando el contrato termina, los datos de tus asuntos dejan de estar disponibles en el Servicio y se eliminan o anonimizan dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación, salvo obligación legal de conservación, conforme a la Sección 11 de la Política de Tratamiento de Datos Personales, que es la política de retención vigente. Los registros de autorización, de auditoría y de solicitudes de los titulares se conservan como prueba de cumplimiento. Según lo que ese proveedor publica, los datos que hayamos enviado al proveedor de generación de texto no quedan almacenados en él después de procesar cada solicitud, en los términos de la Sección 21 (h) —que dice también qué no cubre esa declaración y desde cuándo rige.

Puedes cancelar tu cuenta en cualquier momento desde 'Mi cuenta', y tu suscripción desde 'Mi práctica > Mi plan' conforme a la Sección 12. Podemos terminar o suspender tu acceso al Servicio por violación de estos Términos con un aviso previo de treinta (30) días, salvo en los casos de violación grave —uso ilegal, ataque a la plataforma o a los datos de otro despacho, impago prolongado—, en los que la suspensión puede ser inmediata. Tienes derecho a pedir una copia de tus datos personales de cuenta conforme a la portabilidad que reconoce la normativa de protección de datos de tu país; puedes ejercerlo en cualquier momento, incluso después de terminar tu cuenta, por los canales de las Secciones 6 y 7 de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Lo que pasa con los datos de tus asuntos al terminar lo dice la Sección 4 (k).

En la máxima medida permitida por la ley, Custodio Legal no responde por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos. Nuestra responsabilidad total no excede el monto que pagaste en los últimos doce (12) meses. Estas limitaciones no aplican en casos de dolo o culpa grave, ni cuando la ley aplicable expresamente lo prohíba.

DESCARGO CRÍTICO – APIS JUDICIALES DE TERCEROS: Custodio Legal actúa como intermediario tecnológico que consulta sistemas de información de terceros, como la Rama Judicial de Colombia (Tyba, SAMAI), el Consejo Superior de la Judicatura, la Función Judicial de Ecuador (eSATJE/Manticore), el Poder Judicial de Costa Rica (Sistema de Gestión en Línea y Archivo Judicial), el Poder Judicial del Uruguay (consulta de expedientes por IUE y consulta de audiencias), las consultas públicas de expedientes de los poderes judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Catamarca, de Mendoza y de Salta en Argentina —el Poder Judicial de la Nación y la provincia de Buenos Aires quedan fuera, y el anexo argentino dice por qué— y las consultas públicas de expedientes de los e-SAJ del Tribunal de Justiça de São Paulo, del Tribunal de Justiça do Amazonas y del Tribunal de Justiça do Acre en Brasil —donde la cobertura es por tribunal y no por país, y ni el DataJud del Consejo Nacional de Justicia ni el Diário de Justiça Eletrônico Nacional se consultan, como el anexo brasileño explica—. Esos sistemas los operan entidades gubernamentales independientes. Custodio Legal NO garantiza ni puede garantizar:

• (i) La disponibilidad continua de dichas APIs gubernamentales;
• (ii) La exactitud, integridad o actualidad de la información publicada por dichas entidades;
• (iii) Los tiempos de respuesta de los sistemas judiciales;
• (iv) Que los estados y actualizaciones judiciales se reflejen en tiempo real.

En consecuencia, Custodio Legal NO responde por:

• (a) Vencimientos de términos procesales como consecuencia de fallos o indisponibilidad de los sistemas judiciales de terceros;
• (b) Errores en la información oficial publicada por las entidades gubernamentales;
• (c) Cambios en las estructuras o interfaces de las APIs gubernamentales que afecten temporalmente el Servicio.

La consulta de un expediente sin cuenta. Cuando el sitio ofrezca consultar un expediente por su número a quien no tiene cuenta, todo lo dicho en esta Sección le vale entero, y con tres precisiones más. La primera: esa consulta no es fuente oficial y no sustituye al portal del poder judicial; lo que devuelve es lo que el portal contestó en ese momento, recortado, y la fuente oficial sigue siendo el portal. La segunda: no prometemos que un expediente aparezca, ni que lo que se muestre esté al día. La tercera es la que cambia con el país, y por eso se dice con nombre propio: la consulta del Poder Judicial del Uruguay va un (1) día hábil atrasada y no cubre la materia penal, y la de Costa Rica responde desde el Archivo Judicial y no del expediente vivo. Custodio Legal no responde por una decisión que se tome sobre lo que esa consulta muestre sin comprobarlo en el portal.

Eres responsable de comprobar directamente con las fuentes oficiales la información procesal crítica y de cumplir los términos procesales que establece la ley. No dependas exclusivamente de las notificaciones automáticas del sistema para el cómputo de términos legales.

El Servicio se ofrece en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en la República Dominicana y en Uruguay. Estos Términos se rigen por la ley del país donde el Despacho está domiciliado, y el anexo de ese país la declara con su nombre, junto con la normativa de protección de datos personales que le aplica y la norma de protección al consumidor de ese país. Este es un contrato profesional: esas normas de consumo aplican en lo que no admita pacto en contrario y en lo que estos Términos te conceden expresamente, como el derecho de la Sección 3A.

El Servicio está diseñado para despachos de abogados y profesionales del derecho. Al usarlo declaras que tienes al menos dieciocho (18) años o la mayoría de edad vigente en tu país y capacidad para contratar. No abrimos cuentas a menores de edad. Los datos de niñas, niños y adolescentes que un expediente pueda contener llegan a la plataforma dentro del asunto que tu despacho gestiona, y se tratan conforme a la Sección 4 (e): es el Despacho, como responsable, quien debe contar con la autorización que la ley exige para ellos.

Custodio Legal es una plataforma de gestión de práctica legal: gestión de asuntos judiciales y extrajudiciales, partes, documentos con texto extraído, notas, agenda y plazos, vigilancia de los registros judiciales y de las publicaciones judiciales de tu país según el plan, funciones de Inteligencia Artificial conforme a la Sección 21, y acceso por API y por clientes MCP en los planes que lo incluyen, conforme a la Sección 22. Los originales que aportas se procesan de forma transitoria para extraer su contenido; conservamos el texto extraído y los metadatos del asunto, no el archivo. Nos reservamos el derecho de modificar, suspender o descontinuar funcionalidades con un aviso previo de treinta (30) días.

Confidencialidad del expediente. Sabemos que lo que gestionas en el Servicio está amparado por el secreto profesional del abogado: el artículo 28, numeral 9, de la Ley 1123 de 2007 de Colombia; el Código Orgánico de la Función Judicial en Ecuador; el artículo 19 del Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ratificado por el Decreto núm. 1290 de 1983, que extiende el secreto profesional a los asuntos conocidos «por intermedio de empleados o dependientes»; el artículo 41 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho de Costa Rica, que obliga al abogado a advertir «a su personal de apoyo de la confidencialidad de los asuntos» y del «deber de reserva que los cobija»; en Uruguay, el artículo 11 de la Ley N° 18.331, que somete al secreto profesional del artículo 302 del Código Penal a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento y mantiene esa obligación después de terminada la relación; en Argentina, el artículo 10 de la Ley 25.326, que obliga al secreto profesional a quien intervenga en cualquier fase del tratamiento y hace subsistir esa obligación «aun después de finalizada» la relación con el titular del archivo; y, en Brasil, el artículo 7º, II de la Lei nº 8.906, de 4 de julio de 1994 (Estatuto da Advocacia e a OAB), que declara inviolables los instrumentos de trabajo del abogado y su correspondencia electrónica, y el artículo 34, VII de esa misma ley, que hace del quiebre del sigilo profesional una infracción disciplinaria. Todo nuestro personal está obligado a la reserva sobre el contenido de tus asuntos, y el acceso al Servicio está separado por despacho: ningún despacho ve los datos de otro.

Acceso de soporte. Nuestro personal no entra a tu cuenta ni a tus expedientes con tu identidad. No existe en el Servicio ninguna función con la que nuestro personal pueda iniciar sesión como tú, ver tus pantallas como si fuera tú ni actuar en tu nombre. El soporte se presta con la información que tú compartes con nosotros —lo que nos escribes, las capturas que nos envías, lo que reproducimos en nuestro propio entorno— y con registros operativos que no contienen el contenido de tus asuntos.

Lo que sí podemos hacer, y preferimos decírtelo con exactitud: a petición de tu despacho, o para atender una solicitud de portabilidad, podemos generar una copia de los datos de tu despacho —la cuenta, los usuarios, los asuntos y sus fuentes— y entregártela. Ese acto queda registrado en la auditoría de tu propio despacho, con quién lo hizo y cuándo, y es visible para ti dentro del Servicio.

Disponibilidad. Trabajamos con un objetivo de disponibilidad mensual del 99,5 %. Es un objetivo de servicio, no una garantía: publicamos el estado del Servicio y los incidentes que lo afectan, y avisamos con antelación los mantenimientos programados, que quedan fuera de ese cálculo. No pactamos crédito, descuento ni indemnización tasada por no alcanzar esa cifra. Nada de esto recorta los derechos que la ley te reconoce ante incumplimientos graves, ni afecta lo que las Secciones 6 y 14 dejan expresamente a salvo en casos de dolo o culpa grave, ni la vía de reclamación de la Sección 19.

El tratamiento de tus datos personales como usuario se rige por nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales; al aceptar estos Términos también la aceptas y otorgas la autorización que ella describe. El tratamiento de los datos personales de terceros que viven en tus asuntos se rige por la Sección 4. Cumplimos la normativa de protección de datos de los siete países donde ofrecemos el Servicio: la Ley 25.326 y su Decreto 1558/2001 en Argentina, la Lei nº 13.709/2018 (LGPD) en Brasil, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 en Colombia, la Ley N° 8968 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 37554-JP) en Costa Rica, la LOPDP y su Reglamento en Ecuador, la Ley núm. 172-13 en la República Dominicana, y la Ley N° 18.331 y su modificativa, la Ley N° 19.670, en Uruguay.

Te comprometes a:

• (a) Proporcionar información veraz y actualizada.
• (b) No usar el Servicio para fines ilegales o no autorizados.
• (c) No intentar acceder sin autorización a sistemas o datos de otros despachos.
• (d) No reproducir, duplicar, copiar, vender o revender el Servicio sin autorización escrita.
• (e) Conservar la confidencialidad de tus credenciales de acceso y avisarnos de inmediato de cualquier uso no autorizado.
• (f) Contar con la autorización de los titulares cuyos datos aportas a tus asuntos, conforme a la Sección 4 (e).
• (g) Responder por los miembros que invitas a tu despacho y por los clientes MCP que autorizas, conforme a la Sección 22.

Las suscripciones se facturan por anticipado, por períodos mensuales, según el plan seleccionado. Cada plan se factura en la moneda que declara el anexo de tu país y que la página de precios publica para él; a falta de anexo, en dólares de los Estados Unidos. El precio de cada plan es el que publica esa página y el que ves en la pantalla de pago antes de confirmar la compra. La suscripción se renueva automáticamente al final de cada período por un período igual y al precio vigente, salvo que la canceles antes. Puedes cancelarla en cualquier momento desde 'Mi práctica > Mi plan', que te lleva al portal de nuestro proveedor de pagos; la cancelación surte efecto al final del período ya pagado y hasta entonces conservas el acceso al plan. Fuera del derecho de retracto de la Sección 3A no hay reembolso del período en curso. Los precios pueden cambiar con un aviso previo de treinta (30) días; el precio nuevo aplica desde el siguiente período de facturación, y si no estás de acuerdo puedes cancelar antes de que entre en vigor. El impago puede llevar a la suspensión del Servicio después de diez (10) días de gracia. Tienes derecho a factura electrónica conforme a la normativa tributaria de tu país.

Los precios que publicamos son netos de impuestos. El precio de tu plan y el de cualquier recarga no incluyen los impuestos, las retenciones ni las percepciones que la ley de tu país imponga sobre la operación o sobre el pago. Si esa ley te obliga a retener o a percibir un tributo sobre lo que nos pagas, esa carga corre por tu cuenta y no reduce lo que debes por el Servicio. Si necesitas un certificado de residencia fiscal nuestro para aplicar un convenio para evitar la doble imposición, pídelo a [email protected].

Prestamos el Servicio con diligencia razonable. Fuera de las garantías expresas de estos Términos, el Servicio se presta 'tal cual', sin garantías implícitas de comerciabilidad ni de idoneidad para un fin particular, en la medida que la ley lo admite. No garantizamos que el Servicio sea ininterrumpido ni libre de errores. Estas exclusiones no afectan los derechos que la ley te reconoce sin admitir pacto en contrario.

Aceptas indemnizar y mantener indemne a Custodio Legal frente a cualquier reclamo derivado de:

• (a) Tu uso del Servicio en violación de estos Términos.
• (b) Contenido que aportes que infrinja derechos de terceros.
• (c) Actividades ilegales realizadas a través de tu cuenta.
• (d) El tratamiento de datos personales de terceros en tus asuntos sin la autorización o base legal que la Sección 4 (e) te exige.

Esta obligación no aplica en caso de dolo o culpa grave de nuestra parte ni limita los derechos que la ley te reconoce sin admitir pacto en contrario.

Podemos modificar estos Términos. Te avisamos de los cambios sustanciales por correo electrónico y/o mediante un aviso destacado en la plataforma con al menos treinta (30) días de anticipación. El uso continuado del Servicio después de la fecha de entrada en vigor constituye aceptación de los Términos modificados. Si no aceptas los cambios, puedes cancelar tu cuenta antes de que entren en vigor. La versión vigente de estos Términos es la 0.0.20, en vigor desde el 19 de septiembre de 2026. La versión 0.0.20 agrega a la Sección 6 lo que no promete la consulta de un expediente por su número que el sitio ofrece a quien no tiene cuenta: que no es fuente oficial, que no sustituye al portal del poder judicial, que no garantiza que un expediente aparezca ni que lo mostrado esté al día, y con qué alcance contesta cada portal —el del Uruguay va un (1) día hábil atrasado y no cubre la materia penal, y el de Costa Rica responde desde el Archivo Judicial y no del expediente vivo—. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia, y ningún anexo se mueve: lo que el texto gana es el límite de una función escrito antes de encenderla. Reemplaza a la 0.0.19, del 16 de septiembre de 2026. La versión 0.0.19 corrige la Sección 21, que enumeraba entre las funcionalidades de Inteligencia Artificial el resumen de asunto y el análisis profundo, que el Servicio ya no ejecuta: la lista nombra ahora la redacción de documentos, las preguntas con citas y el estado del asunto con los hechos extraídos de sus documentos, y el literal (f) deja de hablar del resumen y del análisis. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.18, del 16 de septiembre de 2026. La versión 0.0.18 corrige la Sección 20, que decía que de estos Términos se publica también una versión en inglés: desde el 16 de septiembre de 2026 se publica además una en portugués, y la cláusula ahora nombra las dos. Sigue prevaleciendo la versión en español, que es en la que estos Términos se otorgan. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.17, del 16 de septiembre de 2026. La versión 0.0.17 suma a Brasil: el Servicio se ofrece ahora en siete países, la Sección 3A dice que ahí el plazo que concedemos es más amplio que los siete días del artículo 49 del Código de Defesa do Consumidor y que estos Términos no afirman que esa ley te alcance, y que tampoco reservamos excepción; la Sección 4 (b) dice que el encargo se documenta además en el Anexo II de la Resolução CD/ANPD nº 19/2024 reproducido íntegro y sin alteración; el descargo de la Sección 6 y la fuerza mayor de la Sección 14 nombran las tres consultas públicas de expedientes de los e-SAJ brasileños medidos, y dejan dicho que ni el DataJud ni el Diário de Justiça Eletrônico Nacional se consultan; la Sección 9 nombra los artículos 7º, II y 34, VII de la Lei nº 8.906/1994; la Sección 10 nombra la LGPD entre las normas que cumplimos; y la Sección 15 deja dicho que en Brasil tampoco designamos centro de arbitraje —la Cláusula 24 de ese Anexo II somete la controversia a los tribunales brasileños y el artículo 16, § 2º impide contradecirla— y suma a la ANPD entre las autoridades ante las que puedes reclamar. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia en los otros seis países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.16, del 13 de septiembre de 2026. La versión 0.0.16 suma a Argentina: el Servicio se ofrece ahora en seis países, la Sección 3A dice que ahí el retracto no te lo concedemos nosotros —lo dan el artículo 34 de la Ley 24.240 y el artículo 1110 del Código Civil y Comercial, que lo declaran irrenunciable— y que por eso no reservamos excepción, la Sección 4 (b) dice que el encargo se documenta además en el Anexo II de la Disposición DNPDP 60-E/2016 reproducido como está, el descargo de la Sección 6 y la fuerza mayor de la Sección 14 nombran las cuatro consultas judiciales argentinas y las dos que quedan fuera, la Sección 9 nombra el artículo 10 de la Ley 25.326, la Sección 10 la nombra entre las normas que cumplimos y la Sección 15 deja dicho que en Argentina tampoco designamos centro de arbitraje —el artículo 1109 del Código Civil y Comercial tiene por no escrita la prórroga de jurisdicción frente a un consumidor— y suma a la AAIP entre las autoridades ante las que puedes reclamar. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia en los otros cinco países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.15, del 12 de septiembre de 2026. La versión 0.0.15 suma a Uruguay: el Servicio se ofrece ahora en cinco países, la Sección 1 nombra el artículo 4 de la Ley N° 18.600 para el valor probatorio de tu aceptación, la Sección 3A anota la excepción al retracto que ahí rige —la del artículo 16-BIS, literal H), de la Ley N° 17.250—, la Sección 4 (b) dice qué presupone el artículo 30 de la Ley N° 18.331 y dónde vive el contrato de encargado, el descargo de la Sección 6 y la fuerza mayor de la Sección 14 nombran las dos fuentes judiciales uruguayas, la Sección 9 nombra el artículo 11 de esa misma ley, la Sección 10 la nombra entre las normas que cumplimos y la Sección 15 deja dicho que en Uruguay no designamos centro de arbitraje y suma a la URCDP entre las autoridades ante las que puedes reclamar. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia en los otros cuatro países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.14, del 12 de septiembre de 2026. La versión 0.0.14 deja dicho en la Sección 12 que los precios que publicamos son netos de impuestos: las retenciones y percepciones que la ley de tu país imponga sobre el pago corren por tu cuenta y no reducen lo que debes por el Servicio, y si necesitas nuestro certificado de residencia fiscal para aplicar un convenio para evitar la doble imposición lo pides por soporte. Ni el precio de tu plan ni la moneda en que se te cobra cambian con esta versión, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.13, del 11 de septiembre de 2026. La versión 0.0.13 suma a la Sección 2 la declaración de la identificación tributaria del Despacho —el NIT, el RUC, el RNC o la cédula, y la cédula jurídica o física, según tu país—, que puedes dar al abrir tu práctica y que te pedimos antes de contratar un plan de pago, y deja dicho que su exactitud es tuya porque de ella depende el tratamiento fiscal de la operación. Ningún derecho tuyo se reduce y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.12, del 10 de septiembre de 2026, que nombró en la Sección 21 el consumo de IA con la misma unidad que la página de precios vende —el crédito de IA— y publicó la equivalencia que lo hace verificable, sin mover ninguna cifra del cupo. La versión 0.0.12 reemplaza a la 0.0.11, del 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.11 corrige cuatro cláusulas que decían de nosotros más de lo que el Servicio hace, y ninguna de las cuatro amplía lo que nos concedes. La Sección 4 (a) ya no te pide una licencia para almacenar tu contenido: pide la que corresponde a lo que de verdad pasa —procesarlo, mostrarlo y conservar el texto extraído y su procedencia—, porque el archivo original no se guarda, que es lo que la Sección 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales y la página de seguridad ya decían. La Sección 4 (g) saca a Google de la lista de subencargados: no trata datos de tus asuntos por nuestra cuenta y con él no hay acuerdo de encargo, como la versión 0.0.7 de esa Política corrigió hace un día, y se remite a su Sección 15; en la misma lista, Sentry deja de figurar «sin datos personales» y dice lo que recibe: la ruta del error y tu identificador interno de usuario, sin correo, nombre ni dirección IP. La Sección 4 (k) deja de afirmar como hecho propio que el proveedor de generación de texto no almacena lo que le enviamos, y lo atribuye a lo que ese proveedor publica, en los términos de la Sección 21 (h). Y la Sección 21 (f) acota las Cláusulas Contractuales Tipo al proveedor de generación de texto, que es el único cuyo acuerdo las incorpora, y nombra el destino como lo nombra la Política: la Unión Europea, Israel o Estados Unidos. Ningún derecho tuyo se reduce y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.10, del 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.10 completa con las normas dominicanas y costarricenses cuatro líneas que enumeraban sólo dos países desde antes de que hubiera un tercero: la Sección 1 nombra el artículo 9 de la Ley núm. 126-02 y el artículo 4 de la Ley N° 8454 para el valor probatorio de tu aceptación; la Sección 4 (b) nombra el artículo 30 del Reglamento a la Ley N° 8968 y dice que la Ley núm. 172-13 define al encargado pero no exige el contrato, de modo que en ese país este apartado rige por acuerdo entre las partes; la Sección 9 nombra el artículo 19 del Código de Ética dominicano y el artículo 41 del Código de Deberes costarricense; y la Sección 15 suma las dos sedes de arbitraje de esos países. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia, en ninguno de los cuatro países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.9, del 10 de septiembre de 2026. La versión 0.0.9 suma a Costa Rica: el Servicio se ofrece ahora en cuatro países, la Sección 7 y la Sección 10 nombran también la Ley N° 8968 y su Reglamento, el descargo de la Sección 6 y la fuerza mayor de la Sección 14 nombran las dos fuentes judiciales costarricenses —el Sistema de Gestión en Línea y el Archivo Judicial del Poder Judicial de Costa Rica— y la Sección 3A anota la excepción al retracto que rige en Costa Rica, la del artículo 73 del Reglamento a la Ley N° 7472. Ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra cambia en los otros tres países, y ningún anexo se mueve. Reemplaza a la 0.0.8, del 9 de septiembre de 2026. La versión 0.0.8 no cambia ningún derecho tuyo ni ninguna obligación nuestra: reparte el mismo texto entre este tronco y el anexo de tu país. El derecho de retracto de la Sección 3A, la ley aplicable de la Sección 7, el plazo del aviso de incidente de la Sección 4 (j) y la salvaguarda de la transferencia de la Sección 21 (f) estaban dichos dos veces, una acá con las normas de dos países —la República Dominicana sólo aparecía en su anexo— y otra en el anexo de cada uno. Ahora el tronco dice lo que valía igual en los tres que entonces se ofrecían y remite al anexo, y el anexo dice el plazo, la norma y el mínimo legal de tu país. Los quince (15) días calendario para retractarte y los quince para que te devolvamos el dinero siguen siendo los mismos. Reemplaza a la 0.0.7, del 9 de septiembre de 2026, que sacó las monedas del tronco: la regla general de la Sección 12 ya no dice que Colombia paga en pesos y los demás en dólares —que dejó de ser cierto cuando la República Dominicana empezó a facturar en pesos dominicanos—, sino que cada plan se factura en la moneda que declara el anexo de tu país, y en dólares de los Estados Unidos donde no haya anexo. Por la misma razón la Sección 22 (c) ya no cita cifras de recarga por país: el monto mínimo y los créditos de IA que compra cada unidad de tu moneda los publica la página de precios y los ves en la pantalla de recarga antes de pagar. Ni la moneda que se te cobra ni el precio de tu plan cambian con esta versión. Reemplaza a la 0.0.6, a la 0.0.5, a la 0.0.4 y a la 0.0.3, de septiembre de 2026; a la 0.0.2, de agosto de 2026; y a la 0.0.1, de febrero de 2026. La versión 0.0.6 retiró el acceso de soporte por sesión de suplantación —nuestro personal ya no puede entrar a tu cuenta con tu identidad, porque esa función dejó de existir en el Servicio—, describe con exactitud el único acto de soporte que alcanza el contenido de tus asuntos (la copia de los datos de tu despacho, auditada bajo tu propio despacho y visible para ti), y declara la disponibilidad del 99,5 % mensual como objetivo de servicio y no como garantía, sin crédito ni indemnización tasada y sin recortar los derechos que la ley te reconoce. La versión 0.0.5 declaró el carácter profesional del contrato, identificó a la parte, concedió el derecho de retracto, incorporó las condiciones de encargo de la Sección 4, corrigió los cupos y los precios, dejó el arbitraje a tu elección y retiró el plazo de un año para reclamar. Cada versión rige hasta que la reemplaza la siguiente, y la que aceptaste queda registrada conforme a la Sección 1.

Cualquier controversia la intentamos resolver primero de forma directa, dentro de los treinta (30) días siguientes a que una parte se la comunique por escrito a la otra. Si no lo logramos, tú eliges entre acudir a la justicia ordinaria de tu domicilio o someter la controversia a arbitraje: en Colombia, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, conforme a la Ley 1563 de 2012; en Ecuador, ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación; en la República Dominicana, ante la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, conforme a la Ley núm. 489-08 sobre Arbitraje Comercial, cuyo artículo 2 admite el arbitraje de las controversias «sobre materias de libre disposición y transacción»; en Costa Rica, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, conforme a la Ley N° 8937, Ley de Arbitraje, y al artículo 2 de la Ley N° 7727, que reconoce el derecho de recurrir al arbitraje para «diferencias patrimoniales de naturaleza disponible». En Uruguay no designamos centro de arbitraje: el anexo uruguayo somete las controversias a los tribunales uruguayos, y no nombramos un centro que no hayamos cotejado. En Brasil tampoco, y ahí la razón es la más dura de las tres: el contrato de encargado adopta las cláusulas-padrão contratuais del Anexo II de la Resolução CD/ANPD nº 19/2024, cuya Cláusula 24.1 somete cualquier controversia a los tribunales competentes de Brasil, cuya 24.2 permite al titular demandar ante el tribunal de su propia residencia y cuya 24.3 sólo admite arbitraje realizado en Brasil; el artículo 16, § 2º de esa resolución prohíbe que cualquier otra disposición de nuestros contratos las excluya, modifique o contraríe «direta ou indiretamente», de modo que una sede de arbitraje fuera de Brasil no sería sólo inoponible: invalidaría la transferencia internacional entera. En Argentina tampoco, y ahí hay además una razón de norma: el anexo argentino somete las controversias a los tribunales argentinos, y el artículo 1109 del Código Civil y Comercial tiene por no escrita la cláusula de prórroga de jurisdicción frente a un consumidor, así que una cláusula de foro no te obligaría aunque la firmaras. El arbitraje nunca es obligatorio para ti. Nada de esto limita tu derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, ante la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) en Ecuador, ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) en Uruguay, ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en Argentina, ante la Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) en Brasil, ni ante la autoridad competente de tu país.

Custodio Legal es una plataforma de software diseñada para automatizar tareas administrativas y de gestión documental en despachos jurídicos. El uso de la plataforma, de sus funcionalidades de seguimiento judicial, generación de documentos, sincronización con APIs gubernamentales, cálculo de términos o cualquier otra característica NO constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoría legal, representación jurídica, consejo profesional de abogados ni una relación abogado-cliente. Las decisiones procesales, sustantivas y estratégicas son responsabilidad exclusiva del profesional del derecho que usa la plataforma. Custodio Legal no asume ningún deber fiduciario ni responsabilidad derivada de tus decisiones legales. Ningún automatismo de la plataforma reemplaza el criterio profesional del abogado.

Custodio Legal no responde por incumplimientos o retrasos en la prestación del Servicio causados por circunstancias fuera de su control razonable, incluyendo sin limitación:

• (a) Fallas, interrupciones, mantenimientos no programados o cambios unilaterales en los sistemas tecnológicos de entidades gubernamentales (incluyendo la Rama Judicial de Colombia, SAMAI, Tyba, la Función Judicial del Ecuador (eSATJE/Manticore), el Poder Judicial de Costa Rica (Sistema de Gestión en Línea y Archivo Judicial), el Poder Judicial del Uruguay (consulta de expedientes por IUE y consulta de audiencias), las consultas públicas de expedientes de los poderes judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Catamarca, de Mendoza y de Salta en Argentina, y las consultas públicas de expedientes de los e-SAJ del Tribunal de Justiça de São Paulo, del Tribunal de Justiça do Amazonas y del Tribunal de Justiça do Acre en Brasil);
• (b) Desastres naturales, pandemias, actos terroristas o guerras;
• (c) Fallos eléctricos, de internet o de infraestructura de telecomunicaciones que afecten a los proveedores de servicios en la nube;
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Si un evento de fuerza mayor dura más de treinta (30) días calendario, puedes suspender tu suscripción sin penalidad hasta que el Servicio se restablezca.

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Custodio Legal incluye funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial (actualmente: redacción de documentos, preguntas con citas sobre tus documentos y el estado del asunto con los hechos extraídos de sus documentos), de carácter opcional y sujetas a las siguientes condiciones:

• (a) NATURALEZA DEL OUTPUT: Los resultados generados por IA son material de apoyo administrativo. NO son, bajo ninguna circunstancia, asesoría legal, dictamen profesional ni sustituto del criterio del abogado (reforzando lo establecido en la Sección 17).
• (b) OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN: Eres responsable de revisar, validar y comprobar todo output de IA antes de usarlo en cualquier actuación profesional, contractual o procesal. La IA puede producir errores, omisiones, imprecisiones o afirmaciones incorrectas ('alucinaciones').
• (c) CUPO MENSUAL DE CRÉDITOS DE IA: Las funcionalidades de IA se consumen contra un cupo mensual de créditos de IA incluido en tu plan: 750.000 en Gratis, 5.250.000 en Solo, 12.000.000 en Pro, 22.500.000 en Max y 12.000.000 por puesto en Equipos, que se contrata desde dos (2) puestos. Un crédito de IA equivale a un (1) token equivalente del proveedor, que es la unidad con la que el Servicio mide el consumo y la que ves en la página de precios y en la aplicación. El token equivalente no es el token crudo del proveedor: una operación ejecutada en un modelo más caro descuenta en proporción a la tarifa pública de ese modelo, de modo que el mismo cupo rinde más en los modelos livianos que en los pesados. El cupo se renueva con cada mes calendario y lo no consumido en un mes no se acumula al siguiente. Al agotarse, la IA se detiene: no hay cobro automático por exceso ni consumo por encima del cupo. Para seguir usando la IA dentro del mismo mes puedes comprar una recarga de monto libre, cobrada en la misma moneda en la que se factura tu suscripción (Sección 12). El monto mínimo y cuántos créditos de IA compra cada unidad de esa moneda los publica la página de precios, moneda por moneda, y los ves en la pantalla de recarga con el total en créditos de IA antes de pagar; ésa es la tasa vigente. Los créditos de IA comprados no vencen y se arrastran de un mes a otro hasta gastarse. Los créditos de IA consumidos por operaciones ya ejecutadas no son reembolsables, salvo falla comprobada atribuible a Custodio Legal.
• (d) LÍMITES Y RATE LIMITING: Podemos aplicar límites razonables de uso para prevenir abusos, proteger la estabilidad del Servicio y controlar los costos de infraestructura. Esos límites se comunican en la página de precios o en la configuración de IA.
• (e) USOS PROHIBIDOS: Te comprometes a NO usar las funcionalidades de IA para: (i) generar contenido ilegal, difamatorio, discriminatorio o que infrinja derechos de terceros; (ii) procesar datos personales de terceros sin autorización válida del titular o base legal aplicable; (iii) intentar extraer, reidentificar o revertir información de otros despachos o del modelo; (iv) automatizar envíos masivos, scraping o evasión de límites de uso; (v) generar documentos destinados a engañar a autoridades judiciales o administrativas. El incumplimiento puede resultar en la suspensión inmediata del acceso a la IA y, en casos graves, en la terminación de la cuenta conforme a la Sección 5.
• (f) DATOS ENVIADOS AL PROVEEDOR: Al ejecutar una operación de IA, autorizas expresamente la transferencia internacional de los datos necesarios a nuestros proveedores de IA bajo las condiciones descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales (Secciones 9, 10 y 14). Hoy la generación de texto la presta Nebius B.V., sociedad domiciliada en Schiphol, Países Bajos, que opera el servicio Nebius Token Factory; los embeddings los presta Voyage AI, en Estados Unidos; y Anthropic (Estados Unidos) y JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD. (Singapur, servicio z.ai) quedan registradas como proveedores alternos de generación de texto que hoy no reciben datos tuyos. El proveedor declara ejecutar la inferencia en la Unión Europea, en Israel o en Estados Unidos según el modelo; qué salvaguarda respalda cada uno de esos destinos bajo tu propia ley lo declara el anexo de privacidad de tu país. Hacia el proveedor de generación de texto, y sólo hacia él, la transferencia se apoya además en las Cláusulas Contractuales Tipo que su acuerdo de tratamiento incorpora y en esta autorización tuya; los demás destinos de la Sección 4 (g) se apoyan en lo que declare el anexo de tu país, que para dos de ellos dice expresamente que las Cláusulas no son la base. Si cambiamos de proveedor de generación de texto o de la jurisdicción a la que se transfieren tus datos, subimos la versión de la Política de Tratamiento de Datos Personales y te pedimos una autorización nueva antes de seguir. En la redacción no enviamos documentos adjuntos; en las preguntas con citas (Q&A) sí enviamos el contenido de los documentos del asunto seleccionado. Nunca enviamos datos de asuntos distintos al seleccionado.
• (g) DISPONIBILIDAD: Las funcionalidades de IA dependen de servicios de terceros. Custodio Legal no garantiza disponibilidad ininterrumpida ni responde por caídas, cambios de modelo o modificaciones de precios de dichos proveedores que impacten temporalmente el Servicio. En caso de indisponibilidad prolongada (más de 72 horas continuas), otorgamos créditos de IA por la parte del cupo mensual que la interrupción impidió usar.
• (h) PROHIBICIÓN DE REENTRENAMIENTO: Tenemos activada en nuestra organización, desde el 4 de septiembre de 2026, la retención cero (Zero Data Retention) del proveedor de generación de texto. Según lo que él publica, con esa opción tus entradas y salidas no se almacenan tras procesar cada solicitud, no se usan para la decodificación especulativa y no se usan para entrenar, afinar ni mejorar ningún modelo. Es una declaración publicada por el proveedor y no un control que hayamos auditado; rige hacia adelante y no sobre los envíos anteriores a esa fecha, a los que se les aplicó el tratamiento por defecto de sus términos de servicio; y sus documentos publicados no dicen si alcanza los registros de detección de abuso ni las respuestas entregadas en flujo (streaming). El proveedor de embeddings aplica el opt-out que tenemos activo, que le impide usar tu contenido para entrenar modelos futuros. La Política de Tratamiento de Datos Personales (Sección 14 (iii) y (iv)) lo dice con el mismo detalle, y con la misma advertencia: no tenemos hoy un contrato firmado por separado ni certificaciones auditadas por nosotros, sólo los instrumentos que el propio proveedor publica e incorpora a sus términos.
• (i) EVOLUCIÓN DE FUNCIONALIDADES: Las funcionalidades de IA pueden cambiar, expandirse o retirarse. Avisamos los cambios materiales con al menos treinta (30) días de anticipación.
• (j) EXCLUSIÓN DE GARANTÍA: En la máxima medida permitida por la ley, las funcionalidades de IA se prestan 'tal cual', sin garantía de exactitud, idoneidad o ausencia de errores. La responsabilidad por el uso de los outputs recae exclusivamente en el Despacho.

En los planes que lo incluyen, tu despacho puede autorizar a un cliente de Inteligencia Artificial compatible con el protocolo MCP a conectarse al Servicio mediante OAuth 2.1, con el consentimiento que un miembro autorizado del despacho otorga en la pantalla de autorización. Las condiciones son estas: (a) el cliente sólo lee información y prepara acciones; toda acción que modifica datos de tu despacho requiere que una persona la apruebe dentro de la sesión del Servicio, y ninguna herramienta puede escribir sin esa aprobación; (b) el Despacho responde por los clientes que autoriza, por lo que ese cliente hace con los datos que lee y por los proveedores de modelos que ese cliente use, que no son subencargados nuestros; (c) el cliente puede revocar sus credenciales en cualquier momento por el punto de revocación del protocolo, y tú puedes pedirnos por escrito a [email protected] que revoquemos la autorización de cualquier cliente, lo que atendemos sin dilación; (d) las Secciones 17 y 21 aplican a todo lo que un cliente MCP produce con datos del Servicio.